La Procuración General de la Provincia de Misiones, en trabajo articulado con el Juzgado de Instrucción de Puerto Iguazú, dictó una jornada de capacitación en ciberdelitos destinada a jefes, oficiales y personal de distintas dependencias de la Policía de Misiones, así como también a funcionarios y agentes del Poder Judicial.
La jornada, realizada en pos de fortalecer las capacidades operativas del personal, fue encabezada por el juez de Instrucción, Martín Brites; el fiscal especializado en Ciberdelitos, Juan Pablo Espeche y Federico Luis Biré Barberán en representación de la Procuración General. Además participaron la secretaria de Fiscalía, Sol Cerri y el jefe de la Unidad Regional V de la Policía, general Elio Da Luz.
Durante el encuentro se abordaron aspectos fundamentales relacionados al correcto abordaje de denuncias de ciberdelitos; la recolección y preservación de evidencia digital y por consiguiente, la presentación del programa “Espejo Chubut” a cargo de Nicolás Carballo.
Espejo Chubut es una herramienta que facilita la recepción de evidencia digital obtenida principalmente de víctimas y testigos, promoviendo el almacenamiento seguro y trazable de evidencia digital con fines judiciales, iniciativa aprobada por el Superior Tribunal de Justicia para todas las dependencias penales.
De esta manera el Poder Judicial misionero reafirman el debido compromiso con la prevención, investigación y persecución penal del ciberdelito, promoviendo una respuesta judicial ágil, especializada y adaptada a los desafíos tecnológicos actuales.
La actividad tuvo lugar en el Hotel Amerian de la ciudad de Puerto Iguazú.

Este fin de semana, desde la Procuración General misionera se coordinó un procedimiento en la ciudad de Puerto Libertad, ante la detección de actividad de consumo y distribución de material de abuso sexual infantil (MASI), gracias a la labor interinstitucional que se desarrolla en la Provincia contra este tipo de delitos y todo lo relacionado con el abuso y explotación de menores.
El operativo fue impulsado por la Fiscalía de Instrucción Especializada en Ciberdelitos, a partir de una alerta del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), que advertía sobre la actividad de un usuario de la plataforma Google que compartía archivos con contenido que mostraba situaciones de abuso sexual infantil.
A partir del reporte CyberTipline, el procurador general, Carlos Giménez, determinó la actuación del equipo técnico de la Fiscalía Especializada que desarrolló tareas de investigación digital, con el apoyo de la Dirección de Investigaciones Complejas y la Dirección de Cibercrimen de la Policía de Misiones. El análisis permitió identificar direcciones IP y líneas telefónicas, lo que condujo a dos domicilios, uno en la ciudad de Puerto Libertad y otro en Posadas.
En el allanamiento se secuestraron dispositivos electrónicos pertenecientes a Bryan G, un ciudadano de 29 años, oriundo de Posadas y residente en Puerto Libertad, quien fue detenido y quedó a disposición del juzgado interviniente.
La medida judicial fue ordenada por los Jueces de Instrucción, Juan Manuel Monte de la ciudad de Posadas y Martín Luis Brites de Puerto Iguazú, cuya articulación fue clave para el desarrollo del procedimiento.
Este avance reafirma el compromiso de la Procuración General misionera en la lucha contra la explotación sexual infantil y pone en evidencia que la producción, tenencia o divulgación de este tipo de material es un delito tipificado penalmente y que ante cualquier denuncia se activa el sistema de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes velando así por su protección como sujetos vulnerables.

Se ordenó exhaustivo relevamiento de el material vinculado con los nazis encontrados en forma sorpresiva.

Un descubrimiento de trascendencia mundial tuvo lugar en los archivos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: en el marco de las obras para la creación del Museo del máximo tribunal y el traslado de documentación de su archivo, funcionarios judiciales detectaron una serie de cajas conteniendo material vinculado a los nazis, cuyo ingreso al país tuvo lugar en 1941.

Ante la relevancia histórica del hallazgo y la potencial información crucial que podría contener para esclarecer sucesos relacionados con el Holocausto, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, ordenó un exhaustivo relevamiento de todo el material encontrado tras su preservación inicial.

El pasado viernes, Rosatti encabezó la apertura formal de las cajas en un despacho del cuarto piso del Palacio de Tribunales.

El acto contó con la presencia del Gran Rabino de AMIA, Eliahu Hamra; el director Ejecutivo del Museo del Holocausto de Buenos Aires, Jonathan Karszenbaum; y la investigadora del mismo museo, Profesora Marcia Ras. También participaron el titular del Centro de Asistencia Judicial Federal, Pablo Lamounan; la directora de Bibliotecas de la Corte Suprema, Jessica Susco; el director de la Oficina de Servicios Auxiliares, Marcelo Valente; y la licenciada en conservación y restauración de bienes culturales, María de la Paz Podestá.

El hallazgo se produjo de manera fortuita durante el proceso de mudanza preparatorio para las obras del futuro Museo de la Corte Suprema. Al abrir una de las cajas, se identificó material destinado a consolidar y propagar la ideología de Adolf Hitler en Argentina, en plena Segunda Guerra Mundial.

Según se pudo reconstruir, la historia de esas cajas se remonta al 20 de junio de 1941, con la llegada de 83 bultos enviados por la embajada alemana en Tokio a bordo del vapor japonés “Nan-a-Maru”. La representación diplomática alemana en Argentina había declarado el contenido como efectos personales para sus miembros, solicitando su libre despacho. Sin embargo, la División de Aduanas y Puertos detuvo su ingreso y dio intervención al entonces canciller Enrique Ruiz Guiñazú sobre posibles inconvenientes dada la cantidad y la potencial naturaleza del material, que podrían afectar la neutralidad argentina ante el conflicto europeo.

La Comisión Especial Investigadora de las Actividades Antiargentina, dependiente de la Cámara de Diputados, que funcionó entre 1941 y 1943, tomó cartas en el asunto. El diputado radical Raúl Damonte Taborda, presidente de la comisión, solicitó a la Aduana información sobre los envíos del vapor japonés.

El 8 de agosto de 1941, representantes de la Aduana, la Cancillería y la comisión abrieron cinco cajas al azar: entre los documentos hallados había postales, fotografías y material propagandístico del régimen alemán, así como miles de libretas pertenecientes a la Organización del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán en el exterior y a la Unión Alemana de Gremios.

Los representantes diplomáticos alemanes solicitaron que les devolvieran los paquetes para reenviarlos a su embajada en Tokio. Los funcionarios nacionales se inclinaron por hacer lugar al pedido pero la comisión investigadora fue a tribunales para impedirlo ante la presencia de propaganda antidemocrática y lesiva para las naciones aliadas de Argentina en el material ya examinado. Se subrayó que solo se revisaron cajas de manera aleatoria y que, previamente, la embajada alemana también había mentido para ingresar un transmisor radiotelegráfico como correo diplomático.

El juez federal de la Capital Federal Miguel Luciano Jantus ordenó la incautación de las encomiendas el 13 de septiembre de 1941. El magistrado requirió más informes y dispuso el secuestro del material. Tres días después, el 16 de septiembre de 1941, el juez remitió la causa a la Corte Suprema, al tratarse de un asunto que involucraba directamente a un país extranjero y, por lo tanto, de competencia originaria del máximo tribunal.

La mudanza de los archivos para la futura instalación del museo de la Corte Suprema llevó a funcionarios a toparse con estas cajas que estaban arrumbadas en el subsuelo del edificio. El director de la Oficina de Servicios Auxiliares, Marcelo Valente, dio aviso al responsable del Centro de Asistencia Judicial Federal, Pablo Lamounan, quien ordenó la inmediata preservación de los objetos e informó de la situación al presidente del máximo tribunal.

Ahora, Rosatti dispuso el traslado del material a una sala especialmente acondicionada en el cuarto piso de los tribunales, con medidas de seguridad reforzadas. El viernes pasado, se procedió a la apertura de las cajas frente a expertos e investigadores. A partir de ahora, comenzará un inventario para relevar la documentación. El objetivo principal es realizar un minucioso relevamiento para determinar si el material contiene información crucial sobre el Holocausto y si las pistas encontradas pueden arrojar luz sobre aspectos aún desconocidos, como la ruta del dinero nazi a nivel global.

En este contexto, cabe recordar que el 26 de diciembre de 2024, con la firma de los jueces Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, la Corte Suprema firmó un convenio de cooperación con la Asociación de Abogados Judíos de la República Argentina y la Fundación Memoria del Holocausto, con el fin de promover actividades conjuntas de investigación y difusión.

El Museo del Holocausto fue convocado específicamente para colaborar en la investigación del material recientemente descubierto y su relevancia histórica.