Al cumplirse un nuevo aniversario del 8 de marzo, un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) aportó datos en torno a las desigualdades de género. El relevamiento confirma que las políticas económicas de la gestión de Javier Milei profundiza las asimetrías estructurales preexistentes.

A continuación, se sintetizan los principales indicadores que clarifican cómo las mujeres son más perjudicadas en contextos de ajuste.

Brechas de género al tercer trimestre de 2025:

La tasa de actividad de las mujeres (52,6%) es 17,5 puntos porcentuales menor a la de los varones (70,1%).
La brecha en la tasa de desocupación es de 1,5 puntos: en mujeres es del 7,4% contra 5,9% de los varones.
La brecha en la informalidad laboral es 2,5 puntos porcentuales mayor en mujeres (38%) que en varones (35,5%).
Los ingresos de los varones son entre 27,3% y 29,0% mayor que los ingresos de las mujeres; esta brecha se amplía al 40% entre asalariadas/os informales. Esto genera una sobrerrepresentación de las mujeres en la pobreza: son el 64,2% de las personas con menores ingresos.
Los sectores más feminizados son los de menores ingresos: la participación de las mujeres en el trabajo doméstico es de 98,8%

Las mujeres representan el 64,2% entre las personas más pobres. Este número significa un incremento frente al 61,4% registrado el año anterior. A medida que avanzamos en los deciles, observamos una relación inversa: a medida que los ingresos aumentan, la presencia femenina se diluye hasta caer al 37,0% en el decil superior. Este fenómeno nos permite hablar de la feminización de la pobreza.
Un factor que condiciona la inserción de las mujeres en el mercado de trabajo se encuentra en el hogar: las mujeres destinan 3 horas más por día al trabajo doméstico no remunerado que los varones.
La contracara de la feminización de la pobreza es la masculinización de la riqueza: el 63,0% del sector de mayores ingresos son varones. Así, las mujeres están subrepresentadas en el pago de impuestos progresivos: son el 32,8% de quienes tributan Bienes Personales -que el gobierno redujo a su mínima expresión- y el 30,0% de quienes pagan impuesto a las ganancias. A su vez, sus bienes y sus ganancias valen menos que la de los varones. Esto implica una enorme brecha patrimonial.
En materia presupuestaria, el gobierno nacional consolidó en el presupuesto 2026 el desmantelamiento de las políticas públicas con perspectiva de género iniciado en 2024. Esto es, 7,5 de cada 10 programas destinados a reducir brechas de género sufrieron ajustes presupuestarios o fueron directamente eliminados.

Brecha de ingresos: se registra un fuerte ajuste en la Moratoria Previsional (-41,71%), la Prestación Alimentar (-17,26%) y las Pensiones para Madres de 7 o más hijos (-0,83%). El único programa con crecimiento real es la AUH (+74,64%), utilizado como estrategia de contención social ante el ajuste general;
Brechas laborales: los tres programas principales destinados a reducir brechas laborales (Potenciar Trabajo, Registradas y Potenciar Inclusión Joven) fueron virtualmente eliminados de cara al Presupuesto 2026;
Brecha de violencias: a pesar de las dificultades para hacer comparaciones interanuales producto de las reestructuraciones administrativas y la absorción, por parte del Ministerio de Justicia, de funciones que antes formaban parte de otras áreas, el conjunto de programas destinados a proteger a víctimas de violencia de género sufrió un ajuste global del 86,5% respecto a 2023;
La cantidad de personas asistidas por la Línea 144 en 2025 registró una caída del 90% con respecto a 2023 y se proyecta una meta física para 2026 79,1% inferior a 2023;
Brechas de salud: La Educación Sexual Integral (ESI) fue desmantelada con una caída del 98,0%, quedando sin crédito para 2026. Mientras que, en el caso de Desarrollo de la Salud Sexual y Procreación Responsable el ajuste alcanza un 20,9%. En el programa Respuesta al VIH e Infecciones de Transmisión Sexual se observa un crecimiento del 11,2% y un crecimiento en las metas físicas que no se condice con la ejecución registrada en los ejercicios 2024 y 2025. Por último, el Plan 1000 Días presenta el crecimiento más significativo (+360,6%), lo cual permite inferir que forma parte de la estrategia de contención mencionada en el caso de la AUH;
Durante 2025, no se distribuyó un solo preservativo bajo el programa Respuesta al VIH e Infecciones de Transmisión Sexual;
Brecha de cuidados: debido a la decisión del gobierno nacional de paralizar la obra pública, los programas Infraestructura Social, del Cuidado y Sanitaria y Fortalecimiento Edilicio de Jardines de Infantes fueron virtualmente eliminados;
Para 2026, no se proyecta construir un solo jardín de infantes. El programa en cuestión no solo fue eliminado, sino que el resto de los programas del Ministerio de Capital Humano no contemplan ninguna meta física asociada a la construcción de jardines de infantes;
Las consecuencias del modelo económico de Javier Milei tienen un impacto diferencial según género:

Trabajo en casas particulares: entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, se perdieron 22.436 puestos en el sector y una caída del 35,2% en el salario real;
Educación: con una feminización del 73,1%, las docentes sufrieron el impacto de la eliminación, por parte del gobierno nacional, del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que representaba cerca del 12% del salario;
Las jubilaciones y pensiones explican el 23,1% del ajuste total del gobierno. Este ajuste fue efectuado, principalmente, a través del congelamiento del bono otorgado a los jubilados de la mínima -donde las mujeres se encuentran sobrerrepresentadas-;
Al primer trimestre de 2025, la jubilación mínima (con bono) se encuentra un 18,3% por debajo de los niveles del trimestre septiembre a noviembre de 2023;
El veto a la extensión de la moratoria previsional implica que 9 de cada 10 mujeres no podrán acceder a una jubilación, quedando relegadas a la PUAM, que paga solo el 80% de la mínima y exige tener 65 años (cinco años más que la jubilación ordinaria femenina);
La reforma laboral aprobada en febrero de este año contiene una batería de reformas que buscan la desregulación del mercado de trabajo, el debilitamiento de la representación colectiva y una transferencia de recursos desde los trabajadores hacia el capital:

Fondo de Asistencia Laboral (FAL): compuesto por aportes mensuales de los empleadores equivalentes al 1% de grandes empresas y 2,5% PyMES del salario de cada trabajador financiados con una rebaja equivalente de las contribuciones patronales al SIPA. Un costo fiscal para el sistema previsional del 0,37% del PBI, 4,6 veces el costo de la moratoria previsional que el gobierno vetó bajo el argumento de la “sostenibilidad”;
Despidos por embarazo: La reforma elimina la posibilidad de que una trabajadora despedida por embarazo reclame la nulidad del despido y su reincorporación, limitando la respuesta estatal a una indemnización agravada;
Banco de horas y flexibilidad: Permite que las horas extras se compensen con tiempo de descanso en lugar de pagarse, lo que genera incertidumbre horaria e incompatibilidad con la planificación familiar y la gestión de tareas de cuidado que recaen mayoritariamente sobre mujeres;
Debilitamiento sindical y ataque directo a la negociación colectiva: Al priorizar convenios por empresa sobre los nacionales, se ponen en riesgo -entre otras cosas- derechos como las licencias extendidas de maternidad y paternidad, que históricamente se han logrado mediante la negociación colectiva;
Teletrabajo: La derogación de la Ley N° 27.555 elimina la única normativa que reconocía explícitamente las tareas de cuidado dentro de la relación laboral;
Período de prueba: se extiende el período de prueba -esto es, la posibilidad de desvinculación sin indemnización- para trabajadoras de casas particulares, pasando de 15 días a 6 meses.

El informe completo:

El presidente Javier Milei promulgó este viernes la Ley de Modernización Laboral N° 27.802, sancionada por el Congreso de la Nación el 27 de febrero pasado, mediante el Decreto 137/2026. La norma introduce modificaciones profundas al régimen laboral argentino, con cambios que abarcan desde la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 hasta el sistema de convenios colectivos, servicios mínimos en conflictos y la creación de nuevos fondos de contingencia.

La promulgación fue firmada también por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Cambios en el contrato de trabajo
La ley modifica el ámbito de aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo, excluyendo expresamente a los trabajadores independientes, a los prestadores de plataformas tecnológicas y a las personas privadas de libertad.

También redefine el concepto de trabajo como “toda actividad lícita que se preste en favor de quien tiene la facultad de dirigirla, mediante una remuneración”, y limita la presunción de relación de dependencia cuando se emitan facturas o se acrediten pagos bancarios.

Indemnizaciones y despido
El nuevo artículo 245 establece que la indemnización por despido sin causa equivale a un mes de sueldo por año de antigüedad, calculada sobre la mejor remuneración mensual, normal y habitual del último año. Define como “habitual” a los conceptos devengados al menos seis meses en el último año calendario.

La norma incorpora además que la indemnización por despido “constituye la única reparación procedente frente a la extinción sin justa causa”, impidiendo acciones civiles o extracontractuales paralelas, salvo en casos de ilícitos penales.

Fondo de Asistencia Laboral
Uno de los ejes centrales de la reforma es la creación de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), patrimonios separados que los empleadores deberán constituir para hacer frente a obligaciones indemnizatorias. Las contribuciones mensuales obligatorias serán del 1% para grandes empresas y del 2,5% para micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), calculadas sobre las remuneraciones base del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Los fondos serán administrados por entidades habilitadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV), y entrarán en vigencia el 1° de junio de 2026, con posibilidad de prórroga de seis meses por parte del Poder Ejecutivo Nacional.

Los empleadores que integren el FAL tendrán una reducción equivalente en sus contribuciones patronales a la seguridad social, según confirmó la Agencia Noticias Argentinas.

Plataformas tecnológicas
La Ley 27.802 incorpora un régimen específico para prestadores de servicios de movilidad de personas y reparto a través de plataformas digitales, estableciendo que son trabajadores independientes y no en relación de dependencia.

Las plataformas deberán proveerles un seguro de accidentes personales, acceso a capacitaciones y mecanismos digitales de atención a reclamos. Los prestadores tendrán libertad de horario, de conexión y de rechazo de pedidos.

Servicios mínimos en conflictos colectivos
La norma eleva el piso de servicios mínimos obligatorios en huelgas que afecten servicios esenciales al 75% de la prestación normal, y al 50% en actividades de importancia trascendental.

Se amplía la lista de servicios esenciales para incluir telecomunicaciones, recolección de residuos, aeronáutica comercial y seguridad privada. En las actividades trascendentales se incorporan el transporte terrestre, la industria alimenticia en toda su cadena de valor, los servicios bancarios y financieros, y las actividades comprometidas con exportaciones.

Convenios colectivos y sindicatos
En materia de negociación colectiva, la ley modifica la Ley N° 14.250 para establecer que los convenios vencidos solo mantienen vigentes sus cláusulas normativas hasta que se suscriba uno nuevo. Las cláusulas obligacionales solo se prorrogan por acuerdo de partes.

Se limitan también los aportes a organizaciones sindicales y patronales establecidos en convenios: los destinados a cámaras empresariales no podrán superar el 0,5% de las remuneraciones, mientras que los dirigidos a asociaciones de trabajadores tendrán un tope del 2%, sin contar las cuotas de afiliación.

Formalización laboral y beneficios fiscales
La ley crea el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), con vigencia de un año desde el segundo mes posterior a la promulgación. Los empleadores que incorporen trabajadores no registrados o desempleados pagarán una alícuota reducida del 2% en contribuciones patronales para los primeros cuatro años de la nueva relación laboral.

Se establece también el Programa de Promoción del Empleo Registrado (PER), que permite regularizar relaciones laborales existentes con condonación de deudas de hasta el 70% del total adeudado a la seguridad social.

En materia impositiva, la norma crea el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), que habilita amortización acelerada en el impuesto a las ganancias y devolución anticipada de créditos fiscales en el IVA para inversiones productivas de micro, pequeñas y medianas empresas.

Derogaciones y transferencia judicial
A partir del 1° de enero de 2027 quedarán derogados los estatutos especiales de viajantes de comercio (Ley 14.546), periodistas (Ley 12.908) y trabajadores del vidrio, entre otros, que pasarán a regirse por el régimen general.

Asimismo, la norma aprueba el acuerdo de transferencia de la Justicia Nacional del Trabajo al fuero laboral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, suscripto entre el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el 9 de febrero de 2026. Las causas en trámite continuarán bajo la normativa vigente hasta que concluya el proceso de transferencia.

Agencia Noticias Argentinas

Esta actualización en el cuadro tarifario comenzará a regir a partir del próximo 6 de marzo y tiene por objetivo sostener la prestación eficiente de los servicios brindados.

El Ministerio del Interior publicó este martes el nuevo cuadro tarifario de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), organismo que depende de la Secretaría de Interior. Esta actualización alcanzará a los DNI, pasaportes y demás trámites.

La Resolución 19/2026 dejó sin efecto los artículos 2° de las Resoluciones N° 93 del 26 de febrero de 2025 y N° 231 del 30 de mayo de 2025, ambas dictadas por la entonces Vicejefatura de Gabinete del Interior. El objetivo principal es actualizar las tasas que percibe el RENAPER por la expedición de documentos, certificados, testimonios y otros servicios, en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 17.671 y sus modificaciones.

De acuerdo con lo establecido, esta actualización comezará a regir a partir del próximo 6 de marzo y responde a la necesidad de sostener la prestación eficiente de los servicios brindados por el RENAPER, considerando el uso creciente de herramientas digitales y la demanda de servicios de validación de identidad.

Este esquema de los valores alcanza a trámtites como los siguientes: ña expedición del Documento Nacional de Identidad (DNI), servicios de validación digital y otros procedimientos, diferenciando entre personas argentinas y extranjeras.

En simultáneo, mediante la resolución 106/2026 del RENAPER, también se actualizaron los montos para la tramitación del pasaporte.

Uno por uno, los nuevos valores
Para personas argentinas, el primer DNI para recién nacidos seguirá siendo sin cargo hasta los seis meses. Por otro lado, el primer ejemplar de DNI por carta de ciudadanía u opción de nacionalidad, así como las actualizaciones a los cinco, ocho y catorce años, tendrán un costo de $10.000 por trámite.

Los nuevos ejemplares —ya sea por cambio de domicilio, rectificación de datos o adopción— también costarán $10.000. Los servicios exprés para obtener el DNI en menor plazo tendrán recargos: el trámite exprés costará un adicional de $16.000 (total $26.000), la modalidad 24 horas suma $31.000 (total $41.000) y el trámite al instante, disponible solo en oficinas habilitadas, tiene un adicional de $47.000 (total $57.000).

En el caso de personas extranjeras, la primera identificación y las actualizaciones principales tendrán un valor de $20.000. Esto aplica a ciudadanos del MERCOSUR y de otros Estados, tanto para menores de 14 años como para mayores con residencia temporaria o permanente. Los trámites de actualización, rectificación o cambio de domicilio para extranjeros también tendrán un costo de $20.000 por cada gestión.

El esquema tarifario incorpora valores para servicios digitales vinculados a la validación de identidad y verificación de datos. Por ejemplo, la verificación de vigencia de DNI, validación de datos, o avisos de fallecimiento —mediante tecnología API REST y acuerdos con organismos— tiene un costo escalonado: $60 por transacción hasta 40.000 operaciones mensuales, $35 por transacción para volúmenes entre 40.000 y 2 millones, y $20 para consumos superiores a 2 millones de transacciones. La prueba de vida pasiva y la verificación de pasaporte tienen una tarifa de $70 cada una. Para los establecimientos de la Administración Pública Nacional, estos servicios se ofrecen a tarifas reducidas, desde $2 hasta $7 por transacción, dependiendo del tipo de servicio y el volumen mensual.

Entre los otros trámites se establecen valores para copias autenticadas de constancias y suministros de información especializada, con tarifas de $8.000 y $9.000, según el caso. El nuevo ejemplar de DNI por errores formales de emisión, pasados noventa días de la entrega inicial, costará $10.000. La rectificación de datos sin emisión de DNI será sin cargo. Los peritajes sobre el Documento Nacional de Identidad tienen valores de $15.000 para informe forense y $8.000 para informe simple.

La fabricación de credenciales diplomáticas y no diplomáticas, consulares, de misiones especiales y de organismos internacionales costará $31.000. La autorización de viaje al exterior para menores de dieciocho años con pasaporte ordinario tendrá un costo de $30.000.

El cuadro tarifario contempla exenciones. No abonarán tasa los organismos públicos que requieran documentos en el marco de sus funciones, ni las personas sin recursos económicos ni sus hijos menores de dieciocho años o personas a cargo con capacidades restringidas. También están exentos quienes tramiten nuevo ejemplar de DNI por errores formales de emisión dentro de los noventa días de la entrega, quienes soliciten rectificación registral de sexo, cambio de nombre de pila, clasificación género “X” y la consecuente expedición del DNI, así como las personas que soliciten el certificado de pre-identificación por carecer de DNI y acta de nacimiento, y quienes gestionen el primer ejemplar por inscripción tardía.

El costo para obtener un pasaporte ordinario en Argentina con entrega regular asciende actualmente a $100.000, según se informó oficialmente. Para quienes requieren el documento con mayor urgencia, existen opciones adicionales: el trámite exprés implica un arancel extra de $100.000, sumando un total de $200.000; mientras que la tramitación de resolución inmediata implica un arancel adicional de $230.000, lo que lleva el costo total a $330.000.

El pasaporte excepcional para extranjeros, el documento de viaje para personas apátridas y el documento de viaje para personas refugiadas presentan el mismo valor de $100.000 cada uno. Esta actualización de tarifas se encuentra vigente para todos los casos mencionados y responde a disposiciones emitidas por las autoridades migratorias nacionales.

En cuanto a la reposición de pasaportes o documentos de viaje solicitados por errores formales de emisión, se estableció que no habrá costo siempre y cuando la solicitud se realice dentro de los noventa días corridos a partir de la fecha de entrega del documento original. Esta excepción solo aplica a fallos formales detectados en el proceso de emisión y no a otros motivos de reemplazo.