La Confederación General del Trabajo (CGT) manifestó su “más absoluta oposición y rechazo” al DNU que modifica la ley de Inteligencia y remarcó que esa clase de reformas deben “ser tratadas y legitimadas a través del Congreso de la Nación”.

“Introduce cambios en la organización y conducción del sistema de la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, habilitando por decreto reformas arbitrarias, regresivas y peligrosas que deben necesariamente ser tratadas y legitimadas a través del Congreso de la Nación”, lamentó la central obrera en un comunicado al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

La CGT difundió su postura contraria a esta iniciativa en momentos de tensión con la gestión libertaria por el pryoecto que promueve en el Congreso para la reforma laboral, que es rechazado por los gremialistas.

El flamante texto de los sindiclaistas consideró que “esta decisión gubernamental deja a toda la ciudadanía en una situación institucionalmente crítica: la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su opacidad y su poder sin control parlamentario”.

“Todas sus actividades de espionaje pasarán a ser ‘encubiertas’, transformando a los agentes de inteligencia en ‘policía secreta’ o ‘fuerza parapolicial’, y habilitando la detención de personas sin orden judicial”, evaluó la CGT

“A su vez, se autoriza a las Fuerzas Armadas y a las fuerzas de seguridad a realizar tareas de inteligencia interior. También faculta la ejecución de tareas ante la ‘fuga de información clasificada’, lo que, en la práctica, representa hostigamiento y censura sobre el ejercicio de un periodismo libre, entre otros graves riesgos”, continuó.

Al respecto, la central insistió en que “se configura así una grave amenaza sobre las libertades individuales y los derechos garantizados por la Constitución Argentina”.IP

Y cerró: “Estas iniciativas, divorciadas de las genuinas prioridades de nuestro pueblo, surgen como el complemento represivo indispensable de un programa económico y social de ajuste continuo que se está llevando a cabo y que no resultará sustentable en el tiempo, y que, por lo tanto, se aleja cada vez más de un modelo compatible con la vigencia de una democracia plena”

El Gobierno nacional formalizó la entrada en vigor del Presupuesto para la Administración Pública Nacional correspondiente al ejercicio 2026, mediante la publicación en el Boletín Oficial de la Ley 27.798 que sancionó el Congreso.

La norma fija los parámetros del programa económico del gobierno de Javier Milei, con superávit de las cuentas públicas y un criterio de baja de impuestos si el saldo a favor es mayor al previsto y de recorte de partidas en caso de que sea menor.

La ley fue sancionada durante el último período de sesiones extraordinarias que celebró el Congreso Nacional.

Según el documento oficial que procesó Agencia Noticias Argentinas, se estima para el Sector Público Nacional un excedente financiero de $2.734.029.655.055.

Para alcanzar esta meta, el cálculo de recursos totales se fijó en $ 148,29 billones. Por su parte, el total de los gastos corrientes y de capital autorizados para el mismo periodo asciende a $ 148,06 billones.

En cuanto a la distribución del gasto por finalidad, los Servicios Sociales concentran la mayor partida con $ 106,52 billones.

Le siguen en importancia el pago de la deuda pública con $ 14,11 billones, los Servicios Económicos con $ 11,45 billones, la Administración Gubernamental con $ 8,85 billones y los Servicios de Defensa y Seguridad con $ 7,11 billones.

Para el funcionamiento y programas de las universidades nacionales, la ley asigna un presupuesto de $ 4,78 billones. El texto aclara que las instituciones deben presentar información sobre el uso de los fondos ante la Secretaría de Educación, bajo riesgo de que se interrumpan las transferencias en caso de incumplimiento.

En el área de previsión social, se destinan $ 212.288 millones para el pago de deudas judiciales y administrativas de la ANSES. Además, se contemplan $ 122.762 millones para asistir a las cajas previsionales de las provincias que no transfirieron sus sistemas al Estado nacional.

Respecto a las herramientas de financiación, el Ejecutivo cuenta con autorización para emitir Letras del Tesoro por un valor nominal de hasta $ 70 billones. Asimismo, se fijaron topes para el uso transitorio de crédito a corto plazo: $ 4 billones para la Tesorería General de la Nación y $ 2,5 billones.

Finalmente, la norma impone restricciones a la cobertura de vacantes en la administración pública, exigiendo la autorización previa de la Jefatura de Gabinete para nuevos nombramientos. También se mantienen exenciones de impuestos y derechos de importación para vacunas y medicamentos de programas sanitarios nacionales.

Nota: Agencia Noticias Argentinas

Luego de que el presidente Javier Milei anunciara un aumento salarial para los altos funcionarios de su Gobierno nacional, que no lo incluiría a él y a la vicepresidente, Victoria Villarruel, la medida fue oficializada en el Boletín Oficial. No obstante, no se confirmó de cuánto será la suba que percibirán.

Por medio de la publicación del Decreto 931/2025, el jefe de Estado aprobó la modificación en el esquema salarial, que llevaba congelado desde diciembre de 2023. Asimismo, se instruyó a la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública a implementar “un nuevo sistema del empleo público en el ámbito del Sector Público Nacional”.

De esta manera, se solicitó una modificación en los “mecanismos de ingreso por mérito, evaluación periódica del desempeño, movilidad basada en competencias y esquemas de remuneración vinculados a la responsabilidad y funciones, garantizando la transparencia, la igualdad de oportunidades y la profesionalización de la dotación“.

Por este motivo, informaron que, a partir de este mes, se traslada el porcentaje acumulado de aumentos salariales negociados por la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional —convenios aprobados en fechas específicas entre enero de 2024 y julio de 2025— a las retribuciones de los ministros, secretarios, subsecretarios y a funcionarios de rango equivalente.

A pesar de esto, aclararon que “los incrementos a los que se hace referencia por el presente artículo no serán de aplicación para los cargos de Presidente de la Nación y Vicepresidente de la Nación”. Asimismo, subrayaron que esta norma no tendrá efectivos retroactivos.