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Pymes solicitaron una prórroga para deudas fiscales ante AFIP

En un marco de caída de ventas y cierres, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) solicitó al Ministerio de Economía una prórroga de al menos 60 días del vencimiento de la no ejecución de las deudas fiscales con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), así como de las trabas de medidas cautelares.

“La Resolución General N° 17/2024 del Ministerio de Economía de la Nación y la Resolución General N° 5482/2024 de la AFIP disponían la suspensión de los juicios de ejecución fiscal y las trabas de medidas cautelares –hasta el 31 de julio del corriente– para toda persona humana y micro, pequeña y mediana empresa”, recordó la entidad este sábado en un comunicado.

Desde CAME recordaron que “aún no se reglamentó la Ley 27.743 ‘Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes’, en la que establece un régimen de regularización de deudas vencidas al 31/03/2024 y que también posibilitará la regularización de deudas pasibles de ejecución fiscal”.

El pedido llega en un contexto de fuerte contracción de la actividad y caída generalizada de ventas, con impacto sobre la capacidad de pago de las pymes. En este marco, según aseguraron, “será difícil la regularización de deudas para una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas, lo que generará una situación extra de ahogo financiero”.

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Celulares bloqueados y sobres con dinero: cómo sigue la investigación por el caso de presuntas coimas en la ANDIS

Los audios de Diego Spagnuolo, ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad, dispararon una serie de allanamientos ordenados por el juez Sebastián Casanello. El primer paso para determinar si efectivamente existió algún delito será la apertura de los teléfonos secuestrados

Después de que los múltiples allanamientos realizados en la causa por presuntas coimas dieran resultados positivos, la Justicia se prepara para analizar los elementos secuestrados: celulares, documentación y sobres con dólares de los sospechosos, que podrían ser prueba de los supuestos acuerdos que habrían favorecido a la droguería Suizo Argentina.

Más de 10 domicilios fueron abordados por la Policía de la Ciudad el viernes pasado, luego de que el juez federal Sebastián Casanello autorizara los pedidos presentados por el fiscal Franco Picardi, a cargo del expediente que investigará los audios filtrados del ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en donde denunciaba presuntas maniobras irregulares y una recaudación ilegal en la compra y venta de medicamentos.

Para los investigadores, el primer paso será comprobar si efectivamente existió un delito. Por esto, en los próximos días el foco estará en la apertura y peritaje de los celulares personales de los sospechosos, entre ellos Spagnoulo, Daniel Garbellini, ex director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, y Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de Suizo Argentina.

Al tratarse de una investigación “en caliente”, por la celeridad con la que se trabajó desde que se conocieron los audios, las autoridades remarcaron que sería vital recuperar toda la información posible de los dispositivos electrónicos. Además de buscarse información extra que pudiera arrojar luz en otras cuestiones, uno de los objetivos sería localizar los audios originales.

Sin embargo, admitieron que ese paso podría demandar un tiempo extra, ya que el peritaje dependerá del desbloqueo de los teléfonos, una tarea con mayor dificultad, según el tipo de dispositivo y tecnología de cada aparato.

Hasta el momento, fuentes de la investigación confirmaron que tuvieron acceso al celular de Garbellini, debido a que él mismo decidió cooperar y entregar la clave de desbloqueo. No fue el caso ni de Spagnuolo, ni de Kovalivker.

Al ex director de la ANDIS le secuestraron dos celulares; uno, luego de que lo interceptaran mientras circulaba en un auto VW Nivus en un country de Pilar donde reside. El otro habría sido localizado en las inmediaciones de la casa.

Respecto al dueño de la Suizo Argentina, fue encontrado en una situación similar. Según relataron fuentes oficiales a Infobae, el empresario estaba a punto de marcharse en un automóvil junto a varios sobres que contenían dinero: 266 mil dólares y 7 millones de pesos.

Además de incautarse el efectivo, las autoridades tomaron posesión de su pasaporte y su celular. No obstante, el dispositivo todavía no habría sido desencriptado, ya que se trata de un modelo de alta tecnología que representa un mayor desafío.

El country en el que
El country en el que fue interceptado Spagnuolo (Fotografía: Jaime Olivos)
En paralelo, otro equipo estará a cargo de revisar toda la documentación que se recuperó en los procedimientos. La misión será encontrar indicios o pruebas fehacientes que pudieran señalar la existencia de los supuestos acuerdos entre funcionarios o allegados al Ejecutivo y la droguería Suizo Argentina.

Para esto, será crucial el análisis de la documentación extraída de la sede de la ANDIS. Aunque en el repertorio informativo se sumarán los documentos encontrados en la casa de Nordelta de Kovalivker y en la propiedad del ex titular del organismo.

Otro de los puntos a dilucidar será el origen del dinero que tenía el dueño de Suizo Argentina cuando fue interceptado por las fuerzas de seguridad. Por el momento, el empresario no fue citado a declarar.

De hecho, el fiscal aún no habría citado a ninguna de las personas investigadas. La razón principal es la falta de carátula del caso. Aunque plantearían la posibilidad de que el Estado hubiera favorecido a la droguería, por medio de la compra de medicamentos por parte de otros organismos estatales, también estaría en análisis el supuesto acuerdo para que la empresa pidiera sobornos a los proveedores.

“La gente de la Suizo llama a los proveedores y les dice: ‘Escúchame, ahora tenés que poner, ya no es más el 5, vas a tener que poner el 8’, lo que cobran de medicamentos”, dijo el ex director de la ANDIS en los audios difundidos en los últimos días. Una maniobra que habría sido facilitada por Eduardo “Lule” Menem, según las acusaciones del propio Spagnuolo.

Sumada a la definición de la carátula de la causa, también está pendiente la formulación de los cargos que pudieran corresponder. Además, también está bajo análisis la situación del ex titular del organismo de Discapacidad, ya que apuntaron que podría ser señalado como testigo o encubridor.

No obstante, la imputación o no del ex funcionario estaría sujeta a las pruebas incriminatorias que pudieran encontrarse en las pericias. Lo mismo aplicaría a los casos de los demás sospechosos, por lo que todavía se demorarían algunos días en solicitar sus respectivas indagatorias.

Por último, en otra de las capas que la recién iniciada investigación por presuntas coimas se buscaría dar con el paradero de Jonathan Kovalivker, hermano de Emmanuel, también dueño y presidente de Suizo Argentina. En principio, su domicilio estaba en la lista de propiedades por ser allanadas, pero cuando las autoridades llegaron, él se había ido.

En el entramado empresarial, Emmanuel Kovalivker desempeña el cargo de accionista minoritario de la droguería Suizo Argentina, con el 0,015% del capital social, aunque su participación se caracteriza por ser activa dentro de la gestión del negocio. La estructura accionaria da cuenta de un marcado predominio familiar, donde Eduardo Jorge Kovalivker, padre de Emmanuel, concentra el 64,5% de la compañía, mientras que su hermano Jonathan Simón detenta poco más del 21%, además de ejercer la presidencia.

El peso político de los Kovalivker en el escenario nacional se fortaleció hace años por la amistad que la familia mantiene con Mauricio Macri. El vínculo más estrecho es el que tienen el expresidente y Jonathan, con quien incluso juega al pádel y almuerzan habitualmente en el restaurante Manso de Nordelta.

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El Senado sancionó la ley que blinda los presupuestos universitarios y el Ejecutivo prepara un nuevo veto

El proyecto impone actualizaciones por lo perdido en 2024 y el corriente año, junto a una convocatoria obligatoria a paritarias. La iniciativa obtuvo 58 votos a favor, diez en contra y tres abstenciones. Es decir que, incluso, logró el aval de los dos tercios del pleno

Con un resultado cantado de antemano -de hecho, el tema fue habilitado con dos tercios, sin problemas, al igual que su aprobación final-, la oposición senatorial le asestó una nueva derrota esta tarde al Gobierno libertario, con la sanción de la ley que mejora y blinda los presupuestos de universidades públicas. Bajo este panorama, el Ejecutivo ya prepara un nuevo veto.

Al momento de la definición, la iniciativa obtuvo 58 votos a favor, diez en contra y las abstenciones de Andrea Cristina, Victoria Huala (ambas, del PRO) y Juan Carlos Romero (Provincias Unidas) y . La discusión no termina y continuará en el Congreso: ante un cantado veto desde la Casa Rosada, la norma podrá ser insistida por la oposición, que precisará dos tercios en ambas Cámaras.

Qué plantea el proyecto
El texto impone la actualización “al 1º de enero de 2025, según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en el período comprendido entre el 1º de mayo al 31 de diciembre de 2024”, del “monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas”. Y, para el corriente año, subas bimestrales.

Por otra parte, el Ejecutivo “deberá actualizar los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas entre el período 1º/12/2023 hasta la sanción de la presente ley, en un porcentaje que no puede ser inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC en el mismo período”. Y todo incremento tendrá que “ser remunerativo y bonificable”.

A un mes de la eventual sanción, habrá “convocar con carácter obligatorio a la negociación paritaria, con una periodicidad que no podrá exceder los tres (3) meses calendarios, asegurando en todos los casos y tramos de la negociación una actualización mensual no inferior a la inflación publicada” por el INDEC, tanto “para personal docente como no docente”.

Debate en el recinto

En los cinco meses de 2025, se transfirió un 22,5% menos de lo que fue en primeros cinco meses de 2023”, alertó el peronista Fernando Salino, uno de los primeros en hacer uso de la palabra. El puntano agregó que, dos años atrás, lo destinado del Producto Bruto Interno “fue 0,72%”, mientras que para el corriente período “se estima en 0,43%”. Según sus cálculos, estimó un costo fiscal de la ley de 0,12% del PBI.

Por su parte, el radical bonaerense Maximiliano Abad expresó: “Si en 2024 se hubieran resuelto los reclamos sobre educación, salud y haberes jubilatorios, hoy estaríamos discutiendo los lineamientos de un modelo productivo integral para nuestro país, como una reforma tributaria profunda y la modernización del mundo del trabajo. Pero no, permanentemente retrocedemos, no avanzamos y el en mundo en el cual estamos viviendo, que es muy duro y desafiante para los países emergentes, vivimos tirándonos tiros en los pies, con decisiones que nos perjudican”.

“No es un tema de recursos. Recursos no faltan, sino un marco legal que los ordene para las prioridades que los argentinos tienen. Gobernar sin Presupuesto es como navegar sin GPS, sin brújula y se avanza a la deriva. Estamos a pocos días que Gobierno tenga que enviarlo -en referencia a la ley de gastos 2026- al Congreso”, dijo Abad. Y añadió: “Es un error monumental pensar que el crecimiento va a ser automático por exportaciones del campo, la minería o Vaca Muerta. Tenemos a dirigentes que estén haciendo la plancha esperando que venga una avalancha de dólares”.El legislador radical Maximiliano AbadEl legislador radical Maximiliano Abad (Gustavo Gavotti)

“No venimos a votar en contra de ningún presidente, no es un partido de fútbol”, sinterizó el silvestre santacruceño José María Carambia para avalar la iniciativa. En tanto, el referente universitario y radical Flavio Fama sentenció: “Cuando escucho que se roban toda la plata, como si -las universidades- fuesen una bolsa de gatos, cuando pasa más de un año y medio que estamos discutiendo estas cosas, ¿dónde están las auditorías? ¿Dónde están los autores de esas cosas tan feas que nos hicieron creer que pasaban en las universidades argentinas? ¿Qué argentino no quiere tener una universidad pública? ¿De qué estamos hablando?“.

El cierre de oradores estuvo a cargo del jefe libertario, Ezequiel Atauche (Jujuy), que direccionó el foco en la educación inicial. Sobre esto, advirtió: “Uno de cada 10 niños no sabe leer. En los niveles más bajos, uno de cada 5. Uno de cada dos no puede comprender textos, y todos estos datos ponen en evidencia los muchísimos años de malos manejos en el país”.

Se pervirtió durante décadas y se utilizaron las aulas como lugares de lavado de cerebro y de disputa ideológica muy tristes. Se enseñaron cosas que no se debían enseñar”, indicó el titular del bloque oficialista. Y concluyó: “El 4% de los egresados del país se producen en el 30% de las universidades, que se llevan el 55% del presupuesto en salarios“.

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La oposición desactivó en el Senado los decretos del Gobierno que desregulaban organismos públicos

El Ejecutivo se quedó sin las -criticadas- modificaciones del Banco Nacional de Datos Genéticos; la “disolución” de Vialidad Nacional; la eliminación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo, así como cambios profundos en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Marina Mercante

La oposición le aplicó este jueves el primer combo de golpes a la Casa Rosada: desactivó cuatro decretos delegados -por la ley Bases- y un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) rechazados la semana pasada por Diputados relacionados con diferentes organismos, en una sesión que será extensa y que continuará con las sanciones de las leyes que declara la emergencia pediátrica por un año, y que mejora y blinda los presupuestos de universidades públicas.

El DNU en cuestión es el relacionado con la Marina Mercante, observado por diferentes bloques por las consideraciones y cambios en relación con el derecho a huelga y la calificación de servicio esencial. En tanto, los decretos delegados son los que abarcan la “transformación” del -reconocido y respetado- Banco Nacional de Datos Genéticos; la “disolución” de Vialidad Nacional; la eliminación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo, así como de modificaciones profundas en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y entidades culturales.

Qué se dijo en el recinto
“El INTA y el INTI son dos estructuras administrativas que no son abstractas. Destruirlas es destruir años de trabajo en ciencia, tecnología, en desarrollo”, alertó el peronista pampeano Pablo Bensusán, quien enfatizó que “todos estamos de acuerdo en que algunos tendrán que ser más eficientes, pero eso no significa hacerlos desaparecer”. Y observó: “Si no existieran, ¿quién va a desarrollar las semillas que utilizan nuestros productores, la tecnología agropecuaria que ponen en práctica nuestros chacareros? Van a tener que comprar a las multinacionales los productos que nos quieran vender, a los precios que nos quieran vender, y van a desaparecer la mitad de las producciones en las economías regionales”.

Por su parte, el radical Pablo Blanco acusó al Ejecutivo de “esconder” la eliminación de los entes “reasignando las funciones para volverlos inservibles, vaciando de contenido los organismos que le dan vida, subordinándolos a estructuras menores, eliminando su condición técnica y retirando autonomía presupuestaria”. El fueguino describió: “Como hubo corrupción en Vialidad, el Gobierno encontró la solución, disolviendo el organismo. El Gobierno toma una medida que es como si apareciera un enfermo de cáncer y, para no gastar el dinero, le pega un tiro y lo mata. Entonces, se acabó el enfermo y se acabó el problema”.El senador peronista Pablo BensusánEl senador peronista Pablo Bensusán junto a su colega de interbloque y exgobernador de San Juan, Sergio Uñac (Fotos: RS Fotos)

Desde el peronismo disidente, Juan Carlos Romero (Salta) planteó: “El INTA es emblemático en todo el país y cumple una función fabulosa, pero también es cierto que desde el 2003 han duplicado los empleados y no sabemos si se han duplicado los resultados de las investigaciones o la producción”.

Yo voy a ir en contra del INTA y en contra de Vialidad, porque creo que el Gobierno nacional tiene que rever esta situación”, sostuvo el jefe del PRO, Alfredo De Ángeli, que se mostró distante de La Libertad Avanza tras meses de gestos afectuosos con el oficialismo.

El último orador fue el jefe libertario en la Cámara alta, Ezequiel Atauche (Jujuy), quien habló de una “premisa incorrecta, ya que las funciones de estos organismos se mantienen”. En esa línea, subrayó: “Entonces, cortemos con todo este discurso de qué pasaría si cerramos o las funciones. Eso no es lo que está sucediendo. La ley Bases no habla de cierres, sino de reorganizaciones”.

Atauche detalló: “Lo que está sucediendo es una reorganización legal por algo que sucede hace mucho en el Estado argentino. Entiendo que ustedes se quieran hacer los tontos. Aumentaron la masa de administrativos de sus filas políticas en los estamentos estatales. Nosotros conservamos las funciones y corremos a los militantes que no trabajan. Y no estoy hablando de todos”. Mencionó, en algunos casos, un crecimiento que “no condice con sus funciones” y puso el ejemplo de “un auto cada dos empleados” en el INTA.El jefe libertario en elEl jefe libertario en el Senado, Ezequiel Atauche, junto a su colega de bancada y presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala

Votaciones

*INTA e INTI: 60 rechazos, nueve afirmativos y una abstención.

*Organismos de cultura:57 rechazos, 13 afirmativos y una abstención.

*Banco de Datos Genéticos: 58 rechazos, 12 afirmativos y una abstención.

*Marina Mercante: 55 rechazos, 13 afirmativos y tres abstenciones.

*Vialidad: 50 rechazos, 10 afirmativos y una abstención.

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