Política
Fernando Meza: “Vos Crecés es la suma de ciudadanos valientes que quieren transformar Posadas”

Conformado en su gran mayoría por jóvenes con un perfil profesional, además de destacados referentes de la salud y la sociedad, el sublema que lidera Fernando Meza como candidato a intendente, nuclea proyectos e ideas para convertir a Posadas en una ciudad pujante.
Es una amalgama que se ajusta a los desafíos del presente, pero sin dejar de lado lo que viene. “Pueden confiar en mí y en mi equipo” fue una de las primeras palabras que expresó Meza al presentar en sociedad a sus candidatos a concejales. Se trata de “un grupo de valientes posadeñas y posadeños que se animan a buscar la verdadera transformación que se merece la ciudad” según expresa en cada entrevista en la que es consultado sobre las características del sublema.
En sintonía con los tiempos actuales, la lista está encabezada por una joven que está dando pasos agigantados en el ámbito de la ciencia. Se trata de Samira Almirón, que decidió sumarse a la política para trabajar con el objetivo de brindar herramientas a los jóvenes que ingresen en el mercado laboral.
Es Ingeniera Química y con tan solo 29 años, se desempeña como investigadora en la empresa misionera Misiopharma, en la que se encuentra trabajando en la producción de una solución oral a base de cannabidiol específicamente útil para tratar la epilepsia refractaria.
Si de experiencia se habla, el doctor Mario Barrera es una referencia ineludible. Honestidad, trabajo duro y empatía, son los principales valores que este profesional de la salud busca aportar a la ciudad en la que vive hace más de 50 años.
Su prestigiosa labor como médico habla por sí sola. Por más de 12 años fue el único neurocirujano pediátrico en toda la provincia y participó en intervenciones quirúrgicas de alrededor de 1.500 niños. A través de su experiencia en tratamiento de traumatismos de cráneo debido a accidentes viales, manifestó que es su principal temática a la hora de pensarse como legislador.
Apasionada por la vida y por su profesión, la médica Alejandra Insaurralde aceptó sumarse como tercera candidata a concejal para transformar Posadas. De 35 años, decidió salir de la zona de confort para encarar el desafío con varias de sus virtudes, entre ellas, mucho conocimiento, esfuerzo y dedicación.
Santiago Benítez es el cuarto candidato del sublema “Vos Crecés”. Con apenas 24 años, el joven abogado y escribano se convirtió en un referente de la política estudiantil y es hacia ese sector de la sociedad donde apuntan sus propuestas. Fue presidente del Centro de Estudiantes de la EPET N°1, escuela a la que representó durante varios años como delegado del Parlamento estudiantil del Mercosur, para luego convertirse en presidente de APES en el 2014.
La nómina del sublema se completa con referentes de diversos y representativos sectores de la sociedad. La abogada Yesica Benítez es abogada y actualmente se desempeña como representante legal de los empleados municipales. Por su parte, el sexto lugar de la lista le corresponde a Robinson Correa, quien pertenece a la Confederación de Pastores. En tanto que la completa la joven licenciada en Genética Florencia Insaurralde, que es miembro de la Subsecretaría de la Juventud.
Como suplentes, Meza cuenta con Cristian Lorenzo, un joven abogado perteneciente a la Fundación Misión ODS, la referente social Mónica Rosa, el referente del movimiento LGTBQ Nicolás Pintos, director de Prevención del Ministerio de Desarrollo Social y la licenciada en Nutrición Deportiva y jugadora profesional de Hockey, Melisa Figueredo.
Actualidad
El Gobierno Nacional también vetó la emergencia en pediatría

La iniciativa proponía una recomposición salarial y una actualización en la partida presupuestaria para garantizar la atención de los pacientes
En medio de la cuenta regresiva para que se venza el plazo que tenía el Gobierno nacional para frenar las leyes impulsadas por la oposición, el presidente Javier Milei ratificó el veto a la Ley de Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica N° 27.796. De esta manera, el proyecto será devuelto al Congreso de la Nación y quedará sujeto a ser tratado por ambas cámaras.
El proyecto, que implicaba una recomposición salarial, un aumento presupuestario y una asignación prioritaria de insumos críticos por el plazo de un año, había sido sancionado el 22 de agosto. Durante una sesión clave en el Senado, la iniciativa logró reunir 62 votos a favor, contra ocho rechazos.
No obstante, este jueves a la madrugada se oficializó el veto, por medio de la publicación del Decreto N° 651/2025 en el Boletín Oficial. “Devuélvase al H. CONGRESO DE LA NACIÓN el Proyecto de Ley mencionado en el artículo anterior”, dictaminaron en el segundo artículo del documento, tras haberse revisado la totalidad del texto.
“El proyecto no solo carece de un financiamiento genuino, sino que posee una redacción ambigua que fomenta la arbitrariedad y la falta de claridad en los mecanismos de implementación”, argumentaron desde el Gobierno al señalar que faltaba una delimitación para comprender que abarcaría a las “funciones críticas” señaladas en la iniciativa.
Además, remarcaron que la implementación de una ley de este estilo “profundiza distorsiones salariales, compromete programas esenciales, erosiona la coparticipación federal y pone en jaque la estabilidad presupuestaria de la Nación y de las Provincias”.
En el caso de las distorsiones salariales, las autoridades interpretaron que el personal pediátrico quedaría por encima del resto de los trabajadores del sistema sanitario, lo que provocaría una brecha en el sector. Incluso, indicaron que las actualizaciones propuestas no solo afectarían a los fondos nacionales, sino que socavarían a los gobiernos provinciales.
A la vez que objetaron al artículo que proponía una exención en el pago de Ganancias, debido a que esta medida implicaría que una suma de $115.030.000.000 dejen de ingresar al Tesoro Nacional, criticaron que el gasto público para solventar la ley tuviera que ser reasignado de la partida presupuestaria actual con la que cuenta el Ministerio de Salud de la Nación.
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Javier Milei vetó la ley de financiamiento universitario y lo envió al Congreso: El viernes habría paro y movilización

La norma actualiza por inflación los gastos de funcionamiento de las casas de estudio y ordena reabrir las paritarias del sector. La Casa Rosada argumentó que el costo fiscal es inaceptable. Con esta decisión quedaría firme el anuncio realizado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales.
El Poder Ejecutivo remitió al Congreso este miércoles el veto a la ley de financiamiento universitario y la oposición analiza si intentará rechazarlo en una sesión especial el próximo miércoles.
La iniciativa había sido aprobada en Diputados a principios de agosto con una amplia mayoría de 158 votos afirmativos, que, sin embargo, no llegaba a los dos tercios. Esa es la mayoría especial que la oposición deberá reunir si quiere revertir el veto e insistir con el proyecto original.
En esa misma sesión especial también se aprobaron la declaración de emergencia en pediatría (por la crisis del Hospital Garrahan y el reparto automático con las provincias de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que también serán vetados por la Casa Rosada. No obstante, esos dos vetos aún no se remitieron al Congreso y el plazo vence este jueves.
La ley vetada por Milei había sido impulsada originalmente por el radicalismo disidente de Democracia para Siempre en conjunto con los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Establece que los gastos de funcionamiento de las casas de estudios, hospitales universitarios y partidas para investigación se deben actualizar por inflación automáticamente. También ordena la convocatoria a paritarias -dentro de tres meses- para recomponer el salario docente y no docente y aumentar las becas, entre otros puntos.
La Casa Rosada rechazó la iniciativa desde un primer momento porque aseguraba que su costo fiscal era demasiado alto y pondría en riesgo el superávit fiscal, piedra fundamental de todo el plan económico.
Según el oficialismo, la aplicación de la ley generaría un costo adicional de $1.069.644.600.000 para el presupuesto 2025, sin identificar fuentes de financiamiento específicas ni partidas a reasignar.
El veto se fundamenta en el incumplimiento del artículo 38 de la Ley N° 24.156, que exige que toda ley que autorice gastos no previstos especifique las fuentes de recursos concretas, actuales y suficientes.
Paro y marcha:
Previendo el veto presidencial, el Frente Sindical anunció que si ocurría se convocaba a un paro general para este viernes y una marcha federal para el día que el rechazo a la Ley de Financiamiento sea tratado en Cámara de Diputados de la Nación.
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El “milagro” de Cacho Barbaro: de cobrar pensión por invalidez a diputada electa

Un nuevo escándalo sacude al Partido Agrario y Social (PAyS) y compromete directamente a su líder, Héctor “Cacho” Bárbaro. Patricia Goring, hija del intendente de Colonia Aurora, Carlos “Cali” Goring —uno de los principales delfines políticos de Bárbaro— aparece registrada como beneficiaria de una pensión por discapacidad, mientras que su madre, Elisa Goring —diputada provincial electa y esposa del intendente— también percibió un beneficio por invalidez hasta marzo de este año, cuando según trascendidos trabajaba en el municipio.
El caso no solo desnuda un entramado familiar sostenido con beneficios sociales, sino que deja al descubierto un patrón repetido dentro del armado político de Bárbaro. La situación abre un interrogante inevitable: ¿cómo es posible que dirigentes que hoy ocupan bancas legislativas hayan cobrado durante años un beneficio destinado a personas con verdaderas discapacidades?

Lo que se observa es un patrón claro: clientelismo, acomodos políticos y un entramado de beneficios gestionados en las oficinas que Cacho Bárbaro supo manejar en Nación. Pensiones, planes sociales y ayudas que terminaron en manos de familiares, allegados y militantes, mientras miles de ciudadanos esperan durante meses o incluso años para obtener un beneficio legítimo.
Cali Goring, operador territorial clave de Bárbaro, habría utilizado su cercanía con el líder del PAyS para garantizar privilegios a su círculo más cercano, consolidando un esquema que favorece a familiares y allegados mientras miles de familias con hijos discapacitados esperan por un derecho que nunca llega.
El discurso del PAyS habla de moral, compromiso social y militancia, pero los hechos exponen otra cara: corrupción maquillada de justicia social y utilización de la pobreza para obtener rédito político.
El caso Goring, evidencia cómo el aparato político del PAyS ha operado como un circuito de acomodos y clientelismo, donde las pensiones y ayudas sociales se convierten en herramientas para consolidar la fidelidad interna en lugar de garantizar derechos reales.
Mientras tanto, el contraste entre el relato de honestidad y compromiso social del PAyS y las prácticas de sus principales dirigentes expone el momento más crítico de la conducción de Cacho Bárbaro en Misiones y deja en evidencia un modus operandi que se repite: privilegios para los de adentro, abandono para quienes más lo necesitan.
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