El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, encabezó la entrega de ambulancias y equipamiento sanitario destinado a hospitales y centros de atención primaria de la provincia, en el marco de una inversión superior a los 335 millones de pesos, financiada con recursos provinciales y a través del programa Sumar+.

Con el objetivo de fortalecer la red sanitaria misionera, mejorar la capacidad operativa de los centros de salud públicos y avanzar en un proceso de descentralización de la atención, garantizando mejores condiciones de respuesta en todo el territorio provincial, el gobernador, acompañado por el ministro coordinador de Gabinete, Carlos Sartori, hizo entrega de 4 ambulancias 0 km, totalmente equipadas para traslados de baja complejidad, destinadas a Jardín América, Puerto Iguazú, Santo Pipó y Garupá.

Además, para fortalecer el área de Diagnóstico por Imágenes, el Gobierno provincial invirtió también en 5 ecógrafos institucionales fijos Full HD, de alta definición, destinados a mejorar la calidad de los estudios diagnósticos en Aristóbulo del Valle, San Vicente, Leandro N. Alem, Wanda y Oberá.

Asimismo, se distribuyeron 6 microscopios, 12 centrífugas y 2 espectrofotómetros. Estos insumos de laboratorio, destinados a aumentar la capacidad operativa y fortalecer la vigilancia epidemiológica, fueron asignados a los hospitales SAMIC Eldorado, el de Aristóbulo del Valle, Comandante Andresito, El Soberbio, Montecarlo, Puerto Rico, Puerto Esperanza, Baliña, Candelaria e Itaembé Guazú, así como a la Red Territorial de CAPS de las zonas Capital, Centro Paraná y Norte Paraná.

También, se entregaron 42 computadoras de escritorio completas, destinadas a avanzar en la implementación del sistema de historia clínica digital (RISMI). Esta incorporación permitirá optimizar la atención al paciente y fortalecer la integración de la Red de Efectores Públicos de la provincia.

Durante la entrega, el ministro coordinador de Gabinete, Carlos Sartori, puso en valor la decisión de priorizar la salud pública con recursos provinciales. “Destinar recursos genuinos de los misioneros, producto del ahorro y del esfuerzo de todos, a la salud pública es la mejor forma de despedir el año”, sostuvo.

“El 2025 fue un año muy duro, pero la provincia logró sostener su equilibrio fiscal, no tomar deudas y cuidar los recursos de los misioneros. Este 2026 seguiremos por el mismo camino, trabajando juntos, optimizando los recursos para destinarlos a cuestiones importantes, como la salud, en todo el territorio provincial”, afirmó.

También estuvieron presentes el ministro de Salud Pública, Héctor González, intendentes de municipios beneficiados con esta entrega, directivos de centros sanitarios, entre otros funcionarios provinciales y municipales.

LA SALUD PÚBLICA, UNA PRIORIDAD PARA MISIONES

A su vez, el ministro de Salud de Misiones, Héctor González, expresó su satisfacción por la entrega y remarcó su importancia en el contexto actual. “Estoy muy contento y agradecido por esta entrega, este equipamiento nos permitirá seguir trabajando y mejorando la salud en Misiones”, señaló. “Desde hace muchos años la provincia viene fortaleciendo y complejizando los hospitales del interior con los recursos que hay con el objetivo de descentralizar la salud pública”, agregó.

“Cerrar este año complejo para todos con esta entrega es realmente muy importante, por eso queremos agradecer al gobernador por estar siempre, por priorizar la salud y por destinar los recursos donde verdaderamente se necesita”, expresó.

Por su parte, el intendente de Jardín América, César Araujo, manifestó su satisfacción por la incorporación de la unidad de traslado y destacó la importancia del hecho para la comunidad. “Es una enorme alegría terminar el año recibiendo esta ambulancia para nuestro hospital”, afirmó.

En tanto, la intendenta de Santo Pipó, Claudia Acuña, remarcó la necesidad de la ambulancia para la localidad y agradeció al Gobierno provincial. “La verdad que es algo tan necesario y esperado por los vecinos de Santo Pipó, así que agradecemos al gobernador por haberse acordado de Santo Pipó”, señaló. Además, recordó que “Santo Pipó cuenta con un hospital de nivel 1 donde recibimos también pacientes de localidades cercanas, así que estamos muy agradecidos con el Gobierno provincial”.

El primer Presupuesto del Gobierno de Javier Milei que el oficialismo busca aprobar este viernes en el Senado contempla un aumento de la economía del 5% del PBI, un superávit del 1,5% del PBI, y destina el 85% de sus recursos a gastos sociales.

El Gobierno tiene asegurada su sanción en general ya que tiene el respaldo de la LLA, uCR, PRO, bloques provinciales, y cuatro peronistas, mientras que la mayoría del bloque justicialista rechaza el proyecto, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Los principales puntos del proyecto del Presupuesto son los siguientes:

Inflación del 10,4 % anual y del 14% interanual para el 2026
Superavit del 1.5% del
Crecimiento de la economía del 5%
Se mantiene el sistema de bandas cambiarias y el dólar será más alto al proyectado en el Presupuesto de 1423 a diciembre de 2026.
Recursos 148,2 billones de pesos
Gasto total de 148 billones de pesos
Superávit primario estimado en 2,7 billones de pesos
El 85% de los recursos se destinan a gastos sociales
Se destinarán al pago de jubilaciones 65,7 billones de pesos
Se asignan 4,8 billones a las Universidades Nacionales.
Impide al Tesoro Nacional financiarse con el Banco Central.
Consumo privado se estima que aumentará 4,9%
Consumo público se incrementará 4,5 %
inversiones aumento del 9,4%
En exportaciones se estima un aumento del 10,6%
En importaciones se proyectó un incremento del 11,1%

Especialistas, organizaciones de la sociedad civil y científicos1 cuestionaron el proyecto del Poder Ejecutivo que modifica la Ley 26.639 de presupuestos mínimos de protección ambiental de glaciares y ambiente periglacial. Fue ayer en la reunión conjunta de las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Minería, Energía y Combustibles del Senado de la Nación que, en un trámite exprés que llevó solo dos días, dictaminó la iniciativa del oficialismo a pesar del contundente rechazo. No obstante, el tratamiento parlamentario del proyecto se retomará recién a principios de febrero, a pesar de que las autoridades legislativas habían anunciado que ingresaría al recinto el próximo 26 de diciembre.

Durante el encuentro, desarrollado en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo, los disertantes coincidieron en que la iniciativa oficial implica un cambio estructural en el régimen de protección ambiental vigente, al debilitar el carácter nacional de los presupuestos mínimos y fragmentar criterios de resguardo sobre bienes comunes estratégicos como el agua. Advirtieron, además, que avanzar con una reforma de estas características sienta un precedente regresivo en materia de derecho ambiental, en un contexto de crisis climática e hídrica que exige fortalecer las políticas públicas de protección y no debilitarlas.

En esta línea, Andrés Nápoli, director ejecutivo de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) señaló que “el proyecto introduce una modificación sustancial de la ley vigente mediante dos mecanismos centrales. En primer lugar, reduce el área de protección glaciar —que conviene recordar actualmente alcanza apenas el 0,21 % del territorio nacional— con el objetivo de habilitar el desarrollo de proyectos de megaminería de alta montaña que hoy se encuentran expresamente prohibidos. En segundo término, otorga a las provincias la facultad de decidir qué glaciares deben ser protegidos y cuáles no, desmantelando así el esquema de protección ambiental uniforme y común para todo el país establecido por la Constitución Nacional”.

A esto Agostina Rossi Serra de Greenpeace Argentina señaló que “cuando el riesgo aumenta, las normas se fortalecen, no se debilitan”, y advirtió que “plantear que hay glaciares o partes del ambiente periglacial que sirven y otros que no es una discusión científicamente incorrecta”. En ese sentido, remarcó que “los glaciares y el ambiente periglacial no son obstáculos: son aliados para enfrentar la crisis climática”.

Las organizaciones alertaron que las modificaciones propuestas no persiguen mejorar ni ampliar la protección de las fuentes de agua en un contexto de crisis climática, sino responder a las demandas del sector minero, tal como surge de manera explícita de los considerandos del propio proyecto.

En ese sentido, Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas recordó a los senadores que “las leyes de presupuestos mínimos son una arquitectura constitucional que este proyecto tira por la borda. La destruye. Y esto no es menor, porque tenemos otras leyes de presupuestos mínimos. ¿Qué va a pasar después? ¿Vienen por los bosques? ¿Vienen por los ríos? ¿Por la Ley General del Ambiente?”

Por otra parte, las organizaciones cuestionaron la escasa participación en el debate y la celeridad (solo dos días) con la que los senadores dictaminaron el proyecto de modificación, a lo que sumaron la irregularidad de la falta de consultas previas a especialistas para elaborar la nueva iniciativa.

Manuel Jaramillo, director ejecutivo de la Fundación Vida Silvestre Argentina consideró “que es inadmisible que el proyecto adolezca de consulta previa con el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), institución de excelencia científica, referida por la legislación actual para el desarrollo del Inventario Nacional de Glaciares. La minería responsable es posible, y necesaria, pero nunca sobre el ambiente glaciar y periglacial, como promueve el proyecto de ley que ya cuenta con dictamen positivo a pesar de todas las voces que advirtieron sus falencias técnicas y legislativas”.

En el mismo sentido, Eugenia Testa, directora del Círculo de Políticas Ambientales (CPA) agregó que “el proceso legislativo y la elaboración previa del proyecto evidencia una fuerte injerencia sectorial. Hay una clara captura de una política pública de más de 15 años por parte de un interés económico particular, en este caso el del sector minero, que intervino directa o indirectamente a través de un grupo de gobernadores”.

Finalmente, Hernán Casañas, director ejecutivo de Aves Argentinas destacó que “las empresas que queremos son las que cumplen estándares y apuestan a largo plazo. No buscan libertad absoluta, buscan certidumbres”, y agregó: “los flujos de inversión más importantes van a los países con los estándares ambientales más altos. El argumento económico está planteado al revés.”

De acuerdo con las organizaciones, lo que intenta hacer el proyecto de ley es alterar una ley general para hacerla encajar con algunos proyectos mineros que, bajo el régimen vigente, no podrían desarrollarse. Lejos de generar la seguridad jurídica que se invoca en favor de los inversores, esta reforma tendrá el efecto contrario: profundizará la incertidumbre normativa y agravará la ya frágil licencia social para operar.

Al plantear su rechazo al proyecto, los disertantes solicitaron a los senadores que no avancen con una reforma que reduce niveles de protección ambiental, vulnera la Constitución Nacional y pone en riesgo la seguridad hídrica del país. “En un contexto de crisis climática y escasez de agua cada vez más evidente, retroceder en la protección de los glaciares y del ambiente periglacial no es una opción responsable ni legalmente admisible. La Ley de Glaciares es clara, constitucional y vigente: debe cumplirse, no vaciarse”, remarcaron.

(1) Las organizaciones que participaron de la reunión conjunta de comisiones son: Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Aves Argentinas, Greenpeace Argentina, Círculo de Políticas Ambientales (CPA), Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAAA) y Fundación Vida Silvestre Argentina. También participaron de la reunión el director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) Pablo Villagra, Gabriela González Trilla de Ecosistemas azules-CONICET, Laura Isla Rafaele del CONICET, la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) y Cámara de Proveedores de Empresas Mineras (CAPMIN).

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