Especialistas, organizaciones de la sociedad civil y científicos1 cuestionaron el proyecto del Poder Ejecutivo que modifica la Ley 26.639 de presupuestos mínimos de protección ambiental de glaciares y ambiente periglacial. Fue ayer en la reunión conjunta de las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Minería, Energía y Combustibles del Senado de la Nación que, en un trámite exprés que llevó solo dos días, dictaminó la iniciativa del oficialismo a pesar del contundente rechazo. No obstante, el tratamiento parlamentario del proyecto se retomará recién a principios de febrero, a pesar de que las autoridades legislativas habían anunciado que ingresaría al recinto el próximo 26 de diciembre.

Durante el encuentro, desarrollado en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo, los disertantes coincidieron en que la iniciativa oficial implica un cambio estructural en el régimen de protección ambiental vigente, al debilitar el carácter nacional de los presupuestos mínimos y fragmentar criterios de resguardo sobre bienes comunes estratégicos como el agua. Advirtieron, además, que avanzar con una reforma de estas características sienta un precedente regresivo en materia de derecho ambiental, en un contexto de crisis climática e hídrica que exige fortalecer las políticas públicas de protección y no debilitarlas.

En esta línea, Andrés Nápoli, director ejecutivo de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) señaló que “el proyecto introduce una modificación sustancial de la ley vigente mediante dos mecanismos centrales. En primer lugar, reduce el área de protección glaciar —que conviene recordar actualmente alcanza apenas el 0,21 % del territorio nacional— con el objetivo de habilitar el desarrollo de proyectos de megaminería de alta montaña que hoy se encuentran expresamente prohibidos. En segundo término, otorga a las provincias la facultad de decidir qué glaciares deben ser protegidos y cuáles no, desmantelando así el esquema de protección ambiental uniforme y común para todo el país establecido por la Constitución Nacional”.

A esto Agostina Rossi Serra de Greenpeace Argentina señaló que “cuando el riesgo aumenta, las normas se fortalecen, no se debilitan”, y advirtió que “plantear que hay glaciares o partes del ambiente periglacial que sirven y otros que no es una discusión científicamente incorrecta”. En ese sentido, remarcó que “los glaciares y el ambiente periglacial no son obstáculos: son aliados para enfrentar la crisis climática”.

Las organizaciones alertaron que las modificaciones propuestas no persiguen mejorar ni ampliar la protección de las fuentes de agua en un contexto de crisis climática, sino responder a las demandas del sector minero, tal como surge de manera explícita de los considerandos del propio proyecto.

En ese sentido, Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas recordó a los senadores que “las leyes de presupuestos mínimos son una arquitectura constitucional que este proyecto tira por la borda. La destruye. Y esto no es menor, porque tenemos otras leyes de presupuestos mínimos. ¿Qué va a pasar después? ¿Vienen por los bosques? ¿Vienen por los ríos? ¿Por la Ley General del Ambiente?”

Por otra parte, las organizaciones cuestionaron la escasa participación en el debate y la celeridad (solo dos días) con la que los senadores dictaminaron el proyecto de modificación, a lo que sumaron la irregularidad de la falta de consultas previas a especialistas para elaborar la nueva iniciativa.

Manuel Jaramillo, director ejecutivo de la Fundación Vida Silvestre Argentina consideró “que es inadmisible que el proyecto adolezca de consulta previa con el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), institución de excelencia científica, referida por la legislación actual para el desarrollo del Inventario Nacional de Glaciares. La minería responsable es posible, y necesaria, pero nunca sobre el ambiente glaciar y periglacial, como promueve el proyecto de ley que ya cuenta con dictamen positivo a pesar de todas las voces que advirtieron sus falencias técnicas y legislativas”.

En el mismo sentido, Eugenia Testa, directora del Círculo de Políticas Ambientales (CPA) agregó que “el proceso legislativo y la elaboración previa del proyecto evidencia una fuerte injerencia sectorial. Hay una clara captura de una política pública de más de 15 años por parte de un interés económico particular, en este caso el del sector minero, que intervino directa o indirectamente a través de un grupo de gobernadores”.

Finalmente, Hernán Casañas, director ejecutivo de Aves Argentinas destacó que “las empresas que queremos son las que cumplen estándares y apuestan a largo plazo. No buscan libertad absoluta, buscan certidumbres”, y agregó: “los flujos de inversión más importantes van a los países con los estándares ambientales más altos. El argumento económico está planteado al revés.”

De acuerdo con las organizaciones, lo que intenta hacer el proyecto de ley es alterar una ley general para hacerla encajar con algunos proyectos mineros que, bajo el régimen vigente, no podrían desarrollarse. Lejos de generar la seguridad jurídica que se invoca en favor de los inversores, esta reforma tendrá el efecto contrario: profundizará la incertidumbre normativa y agravará la ya frágil licencia social para operar.

Al plantear su rechazo al proyecto, los disertantes solicitaron a los senadores que no avancen con una reforma que reduce niveles de protección ambiental, vulnera la Constitución Nacional y pone en riesgo la seguridad hídrica del país. “En un contexto de crisis climática y escasez de agua cada vez más evidente, retroceder en la protección de los glaciares y del ambiente periglacial no es una opción responsable ni legalmente admisible. La Ley de Glaciares es clara, constitucional y vigente: debe cumplirse, no vaciarse”, remarcaron.

(1) Las organizaciones que participaron de la reunión conjunta de comisiones son: Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Aves Argentinas, Greenpeace Argentina, Círculo de Políticas Ambientales (CPA), Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAAA) y Fundación Vida Silvestre Argentina. También participaron de la reunión el director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) Pablo Villagra, Gabriela González Trilla de Ecosistemas azules-CONICET, Laura Isla Rafaele del CONICET, la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) y Cámara de Proveedores de Empresas Mineras (CAPMIN).

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El gobernador Hugo Passalacqua recibió una importante donación de equipamiento médico destinada al Hospital Dr. René Favaloro. La entrega fue resultado de un año de gestiones entre el Rotary Club Posadas Oeste, el Ministerio de Salud Pública y el Hospital Madariaga. El material permitirá ampliar prácticas quirúrgicas y desarrollar instancias de capacitación profesional.

POSADAS. VIERNES 19 DE DICIEMBRE DE 2025. El gobernador Hugo Passalacqua recibió la donación de insumos médicos destinados para el área de quirófano y ginecología del Hospital Dr. René Favaloro. La entrega se concretó tras un año de trabajo conjunto entre el Rotary Club Posadas Oeste, el Ministerio de Salud Pública y el Hospital Escuela de Agudos (HEARM) Dr. Ramón Madariaga. El equipamiento fue entregado en carácter de donación al titular de la cartera sanitaria.

La donación incluyó una torre de videolaparoscopia Mindray modelo HD3 y un kit completo de instrumental para cirugías laparoscópicas ginecológicas. El equipamiento permite realizar intervenciones de baja, mediana y alta complejidad. La Unidad de Cirugía Miniinvasiva del Servicio de Ginecología del HEARM coordinará en el quirófano del Hospital Favaloro cirugías de baja y mediana complejidad en la actualidad, y en poco tiempo se planificarán las de alta complejidad

En la ocasión, el gobernador fue recibido en el Hospital Favaloro por el ministro de Salud, Hector Gonzalez, el director del hospital, Dr. Raul Pereyra y otras autoridades sanitarias.

Tras las palabras de bienvenida, el equipo médico explicó el funcionamiento del nuevo equipamiento donado, que beneficiará principalmente al servicio de ginecología, pero estará disponible para otras áreas según las necesidades. Este equipo permite realizar intervenciones menos invasivas, lo que agiliza la recuperación de los pacientes y optimiza la rotación de camas. La finalidad de esta donación es equipar al Hospital Favaloro para descentralizar la atención y aliviar la demanda del Hospital Madariaga.

UN GRAN APORTE A LA SALUD PÚBLICA

Tras dialogar con los médicos y conocer el funcionamiento del equipo, Passalacqua señaló el importante beneficio que este nuevo equipamiento aportará a la salud pública. Mencionó que su uso no se restringirá al área de ginecología, sino que se extenderá a cirugías de baja y mediana complejidad en otras especialidades. Asimismo, agradeció el esfuerzo del Rotary Club y de todos sus miembros por lograr que el Hospital cuente con esta tecnología. Y celebró el trabajo conjunto entre las instituciones, sobre todo en períodos complejos como el presente.

El ministro de Salud Pública, Héctor González, vinculó la entrega con el trabajo conjunto entre el Estado y ONGs. En ese marco, agregó que el nuevo equipamiento “nos va a permitir trabajar y descentralizar lo que es la alta complejidad del Madariaga y poder hacer un montón de cirugías en este hospital que tiene recursos humanos y toda la infraestructura para eso”.

Desde el Hospital Favaloro, su director Raúl Pereyra explicó que el uso de estos recursos “va a ser fundamental para las cirugías ginecológicas, y un poco más ambicioso para la formación de un espacio de entrenamiento para profesionales del medio”.

En la misma línea, el jefe del Servicio de Cirugía Robótica y coordinador del Área de Ginecología Mínimamente Invasiva del Parque de la Salud, Dr. David Rywaka, destacó que la donación les permite “empezar con un proyecto de descentralización y sacar la mediana complejidad del Madariaga para traerla a este hospital”. En cuanto a las prácticas, precisó que “con estas cirugías mínimamente invasivas la paciente se puede ir a la casa al otro día” y que el equipo “también puede ser utilizado por otras especialidades como cirugía general y traumatología”.

Por su parte, el presidente del Rotary Club Posadas Oeste, José Carlos Dahir, valoró que esta donación se logró gracias al trabajo “de veinte socios y el apoyo de muchos clubes de otros países”. Respecto al impacto de la contribución, añadió que “aproximadamente trescientas mil personas se beneficiarán con este equipo de video laparoscopia. Además, incluye una parte educativa que permitirá a los médicos practicar y capacitarse”.

En la entrega del equipamiento estuvieron presentes también el jefe del Área de Ginecología del Hospital Favaloro, Dr. Néstor Tapari; el miembro del Rotary Club Posadas Oeste y uno de los socios a cargo de gestionar esta inversión, Marcelo Aguirre; junto a médicos del Hospital, socios del Club, y otros profesionales del área de salud.

EL HOSPITAL FAVALORO REORGANIZA PRÁCTICAS QUIRÚRGICAS GINECOLÓGICAS

Con la incorporación de esta tecnología, las cirugías ginecológicas de baja y mediana complejidad se coordinarán en el quirófano del Hospital Favaloro. El esquema operativo contempla el uso del equipamiento en procedimientos actualmente realizados dentro del sistema público. A partir de esta base, se prevé avanzar hacia prácticas de mayor complejidad.

La articulación entre ambos hospitales permitirá distribuir funciones quirúrgicas según niveles de complejidad. El nuevo equipamiento se integra a esa planificación sanitaria. La donación se enmarca en un esquema de trabajo coordinado entre distintas instituciones del sistema de salud.

En paralelo a la actividad asistencial, se prevé el desarrollo de un proyecto del Centro de Entrenamiento de Recursos Humanos en Cirugía Laparoscópica Ginecológica. La iniciativa estará vinculada al uso del equipamiento incorporado. El objetivo es generar instancias de formación técnica en prácticas quirúrgicas ginecológicas.

Hubo negociaciones frenéticas, aunque la oposición consiguió rechazar el artículo 75. La Casa Rosada incluyó a último momento la coparticipación de CABA y un aumento de fondos para el Poder Judicial en el mismo capítulo y tampoco prosperaron. El texto ahora será girado al Senado.

El oficialismo logró en la madrugada de este jueves darle media sanción al Presupuesto 2026 y al proyecto de Inocencia Fiscal, pero no pudo derogar las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario como pretendía. El texto con media sanción de Diputados ahora pasará al Senado donde los libertarios intentarán revertir el revés legislativo. Sería el primer Presupuesto de la gestión Milei, ya que durante los últimos dos años recurrió a prórrogas del plan de gastos e ingresos de 2023.

Para la aprobación del texto en general La Libertad Avanza contó con la ayuda del PRO, la UCR, el MID, los peronistas disidentes de Elijo Catamarca (responden al gobernador Raúl Jalil), los tucumanos de Independencia (del gobernador Osvaldo Jaldo), los siete diputados de Innovación Federal (Salta y Misiones), la diputada de La Neuquinidad (gobernador Rolo Figueroa), un diputado de Por Santa Cruz (gobernador Claudio Vidal), y los dos sanjuaninos de Producción y Trabajo (gobernador Marcelo Orrego).

Fuerza Patria, Encuentro Federal y la izquierda rechazaron el proyecto. Provincias Unidas se abstuvo pero tuvo un rol importante al inicio de la sesión cuando Nicolás Massot, Miguel Pichetto y un grupo de diputados de Córdoba ayudaron a alcanzar el quórum.

Sin embargo, al momento de la votación en particular, algunos aliados del Gobierno se negaron a convalidar el artículo 75, que derogaba las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario. Votaron en contra tres diputados de Elijo Catamarca, dos tucumanos de Independencia, un salteño de Innovación Federal, la diputada de La Neuquinidad Karina Maureira, y 14 integrantes de Provincias Unidas, donde pisan fuertes los gobernadores de Córdoba y Santa Fe. La UCR votó dividida, tres jugaron a favor del oficialismo, uno votó en contra y dos se abstuvieron.

El plan de gastos e ingresos del oficialismo prevé un crecimiento económico del 5% del PBI, con una inflación anual del 10,1% y un dólar que rondará en diciembre del año que viene lo $1.423. Según el Gobierno, el superávit primario será del 1,5% del PBI y el financiero, del 0,2%. También estiman que las exportaciones crecerán 10,6% y deroga las metas de financiamiento mínimo en educación, ciencia y defensa. Desde la oposición insistieron en que las previsiones no son realistas ya que, por ejemplo, el dólar terminaría el 2026 por debajo del tipo de cambio actual.

Más allá de los cuestionamientos a los números del Gobierno, el artículo que concentró la mayoría de las críticas fue el 75, que derogaba las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario. Justamente por eso, la sesión comenzó con una polémica: el oficialismo propuso que la votación en particular sea por títulos enteros (agrupan varios artículos). Un intento de impedir que los aliados se desmarquen en ese punto clave.

La oposición protestó y reclamó que la votación sea nominal artículo por artículo, para que el artículo 75 no quede mezclado en el mismo capítulo con otros temas como subsidios al gas, deudas de CAMMESA o la actualización de las prestaciones por discapacidad. “Votar por Títulos nos impediría expresarnos de forma nítida. ¿Queremos que el tratamiento sea a los empujones?”, planteó Pablo Juliano, de Provincias Unidas.

No obstante, el oficialismo logró aprobar su moción gracias al apoyo de sus aliados con 130 votos positivos y 112 en contra.

El presidente de la Comisión de Presupuesto, Bertie Benegas Lynch, fue el primer libertario en defender el proyecto y comenzó por explicar que para alcanzar la meta de bajar impuestos primero hay que bajar el gasto público. “Es un principio moral no gastar más de lo que se tiene”, dijo Benegas Lynch y destacó que el gobierno de Milei “independientemente de que no tenía presupuesto mantuvo el equilibrio fiscal”.

En esa línea, señaló que se está tratando de mostrar que el equilibrio fiscal es algo “contrario a la contención social”. “Pero la gente entendió que bajar el gasto del Estado es contención social, es sacarle justamente el yugo del Estado por más de 40 años”, sintetizó.

Desde el peronismo afirmaron que el proyecto de Presupuesto libertario “refleja más ajuste, caída de consumo y destrucción del entramado industrial”. “¿Cómo van a hacer para reactivar el consumo? ¿O van a seguir deprimiendo el consumo? ¿Cómo van a hacer para revertir la desigualdad?”, advirtió Agustín Rossi.

“Van a votar un presupuesto para el 2026 que, además de injusto, es ilusorio y ficticio, que arranca el año con el doble de la inflación de la prevista y subestima la suba de precios que todavía están sufriendo los argentinos”, dijo Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica.

Durante las últimas semanas la Casa Rosada aceitó la relación con los gobernadores aliados con Aportes del Tesoro Nacional (ATN). El ministro del Interior, Diego Santilli, distribuyó $66.000 millones para Tucumán, Misiones y Chaco. También se puso en la mesa de negociación la reforma de la Ley de Glaciares para seducir a las provincias del sur que podrían ampliar su actividad minera a zonas ahora vedadas.

Ayer a última hora, Santilli también se comprometió a incluir en el Presupuesto 2026 los fondos adeudados a la ciudad de Buenos Aires por coparticipación, en cumplimiento del fallo de la Corte Suprema. Esa había sido la principal disidencia del PRO a la hora de acompañar el dictamen de mayoría del oficialismo.

Durante la tarde del miércoles, bien entrada la sesión, a Santilli se lo vio por los pasillos de la Cámara de Diputados. Mantuvo reuniones hasta último minuto con diputados aliados para garantizar el apoyo, principalmente del incómodo artículo 75. “Están haciendo un plan canje”, ironizó un aliado del Gobierno.

Minutos antes de llegar a la votación, el miembro informante Bertie Benegas Lynch anunció que incluiría dos modificaciones al texto: incluiría la coparticipación de CABA y un aumento de financiamiento para el Poder Judicial (por $21 mil millones) en el capítulo 11, junto con la derogación de las leyes de discapacidad y universidades.

“Por el articulado tiene que ir en el artículo 2, no tiene nada que ver con el capítulo 11. Tenemos que ser un poco más leales y decir ‘esto va acá y esto va allá’. El PRO va a votar en general y en particular, pase lo que pase”, manifestó el presidente del bloque PRO, Cristian Ritondo, visiblemente molesto con la maniobra de los libertarios.

En la bancada amarilla interpretaron que fue un intento de forzar el apoyo de algunos diputados como Oscar Zago, Eduardo Falcone, Karina Banfi o Álvaro González, que forman parte del interbloque que lidera el PRO y estaban en duda.

En términos mucho más duros, el jefe del bloque Fuerza Patria, Germán Martínez, denunció que el oficialismo estaba incluyendo los dos nuevos artículos en el capítulo 11 para que a ningún juez “se le ocurra cuestionar la votación del capítulo 11 para que no se le caiga el financiamiento al Poder Judicial”. “Son unos chantas”, fustigó.

Al momento de la votación en particular del capítulo 11, la oposición insistió con que se habilite la posibilidad de votar artículo por artículo para poder rechazar la derogación de la emergencia en discapacidad y del financiamiento universitario. Pero la reconsideración de la moción aprobada al inicio de la sesión requería una mayoría agravada de dos tercios. Fue rechazada.

Todo parecía favorecer al oficialismo pero el tablero terminó arrojando 123 votos en contra, 117 a favor y 2 abstenciones. Finalmente, a pesar de las maniobras del oficialismo, el capítulo entero salió rechazado. La oposición logró sostener las leyes de discapacidad y universidades; y los libertarios deberán pagar el costo político por haber incluido en ese capítulo la coparticipación de CABA y los fondos para el Poder Judicial, que también fueron rechazados.

El traspié legislativo ahora abre varios interrogantes. Ante la consulta de Infobae, un referente libertario señaló que lo mejor sería remitir el texto al Senado y hacerle modificaciones allí para que vuelva a Diputados.

Polémica por las designaciones en la AGN
Tras la aprobación del proyecto de Inocencia Fiscal, el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, hizo una moción para avanzar con la designación de los tres representantes de Diputados para la Auditoría General de la Nación.

En ese momento, tanto Provincias Unidas como el PRO y la UCR se retiraron del recinto en repudio al “acuerdo” entre la Casa Rosada, el peronismo y los gobernadores de Innovación Federal.

Bornoroni propuso designar a Mónica Almada, en representación de LLA, de Juan Ignacio Forlón, por el peronismo, y la salteña Pamela Calletti, como alfil de los gobernadores del norte.