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Abuso de menores en Oberá: “Estamos resguardando y acompañando a estos niños en este proceso que es largo”
El pasado sábado la Policía allanó dos viviendas y arrestó a dos mujeres acusadas de corrupción de menores y, además, retiraron de una de las casas a tres niños, hijos de una de las detenidas para ponerlos bajo contención en Hogar Convivencial de Oberá.
En ese marco, Canal 9 Norte Misionero dialogó con la directora de Niñez, Adolescencia y Familia de la Municipalidad de Oberá, Nora González, quien relató que la aberrante situación se destapó mediante una suboficial de la Policía vinculada a trabajos comunitarios que informó de lo que estaba ocurriendo, por lo que la semana pasada se resolvió el procedimiento.
González comentó que la Dirección de la que ella está al frente “tenemos facultades administrativas para tomar medidas de protección de derechos y entonces notificamos al Juzgado de Familia la solicitud de un allanamiento y la colaboración de las fuerzas de seguridad como para poder retirar a los niños, que estaban siendo vulnerados, de estas mujeres”.
Recordó que hace dos meses se realizó un procedimiento debido a que “una de las implicadas tenía una causa ya por posible situación de abuso sexual hacia menores, en la que nosotros tomamos una medida excepcional, en primera instancia, con su hija”. Cuando surgió esta nueva denuncia, “hilamos las historias y coincidían que eran las mismas personas”.
En cuanto a los menores retirados el pasado fin de semana, son “los hijos de una de las mujeres” arrestadas y comentó que ya “están en un hogar convivencial, y están bajo resguardo y protección de la Dirección de Niñez del Municipio”.
González, al ser consultada sobre como avanza la investigación en torno a otros posibles abusadores, indicó que “todo lo que respecta a la causa procesal tenemos poco conocimiento”, recalcando que “nuestra función es resguardar a los niños y acompañar todo este proceso, que es largo”, que incluye examen médico, testimonio en Cámara Gesell. Indicó que se le está brindando asistencia psicológica y “nos compete identificar una posible red de contención familiar para que estos niños estén al cuidado de un familiar”.
Los niños de la detenida oscilan entre 9 y 13 años, pero hay otra decena de menores que fueron víctimas y cuyas edades actuales están entre 9 y 16 años. En ese aspecto, González contó que sus familias ya fueron identificadas y con las cuales se está trabajando con el objetivo de resolver la problemática de consumo de estupefacientes en el que se hallan inmerso.
Además, de corromper sexualmente a los menores, surge en la investigación que les daban estupefacientes (una de las detenidas estaba cumpliendo una pena de cuatro años, pero había logrado que se le considere la prisión domiciliara para poder cuidar a sus hijos) y también los obligaban a robar para cubrir las supuestas deudas que habían adquirido con ellas.
Vale mencionar que estas mujeres, de 30 y 33 años, lograban entablar relación con los menores -que no eran sus hijos- invitándoles a consumir alguna bebida o tomar tereré. Una vez logrado el primer objetivo, los obligaban a tener sexo con ellas.
El caso:
La investigación se inició en base a materiales fílmicos aportados por una suboficial del Comando Norte de la ciudad de Oberá, quien realizó la denuncia del delito que involucraría a dos mujeres que estaban a cargo de tres menores.
En dos allanamientos realizados el sábado por la mañana en la localidad de Oberá, efectivos policiales arrestaron a dos mujeres investigadas por corrupción de menores. Además, pusieron a resguardo a tres niños y secuestraron teléfonos celulares, entre otros elementos de relevancia en la causa.
La intervención se llevó a cabo luego de cinco meses de tareas investigativas por parte del Comando Regional II, en forma conjunta con el Departamento de Niñez, Adolescencia y Familia de la Municipalidad de Oberá. Durante este tiempo, se obtuvieron datos relevantes proporcionados por una mujer policía que trabaja comunitariamente e interactúa con vecinos, en relación con el delito de corrupción de menores, del cual aparentemente eran víctimas dos niñas y un niño de entre 9 y 13 años.
Con la orden del Juzgado de Instrucción N° 2 de Oberá, cerca de las 7:30 horas, los agentes irrumpieron simultáneamente en dos domicilios, uno ubicado en el barrio Villa Sapucay y otro en el barrio San José. Allí arrestaron a dos mujeres de 30 y 33 años. Asimismo, secuestraron cuatro teléfonos celulares, un pendrive, dinero en efectivo, un cuchillo tipo puñal y otros elementos relevantes relacionados con el ilícito.
Finalmente, las detenidas fueron alojadas en sede policial a disposición de la Justicia, al igual que los elementos secuestrados. Es importante mencionar que fue clave en la investigación el aporte de información por parte de una suboficial de la Policía que alertó sobre la ocurrencia de este delito.
Por su parte, los tres menores hijos de las detenidas quedaron bajo cuidado y tutela del Hogar Mitaí de Oberá por orden del magistrado interviniente.

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No proteger al yaguareté significa poner en peligro el equilibrio del ecosistema misionero
Con un marco legal de máxima protección y un esquema de acciones integrales que abarcan desde la prevención en rutas hasta la intervención judicial, Misiones consolida su política de Estado en favor de la protección ambiental, con una de las estrategias más fuertes de América para evitar la extinción del yaguareté y otros monumentos naturales protegidos.
El yaguareté, monumento natural provincial y nacional y emblema de la biodiversidad local, camina la espesura verde de la selva y se convierte en un termómetro de salud. Esta provincia, que protege el 52 por ciento de la biodiversidad de todo el país, despliega una batería de medidas que integra la ciencia, la gestión territorial y la firmeza legal en una lucha constante contra la extinción.
Desde hace décadas, Misiones tiene clara la protección de su flora y su fauna y las acciones para la supervivencia del yaguareté, entre otras especies. La hoja de ruta está en Ley Provincial XVI -Nº 22 que declara Monumento Natural Provincial y le confiere, a este felino, protección absoluta. Este estatus se refuerza con la Ley XVI -Nº 11 de Conservación de la Fauna Silvestre, que prohíbe de forma terminante su caza bajo severas sanciones: multas que equivalen a cien sueldos mínimos, además del decomiso de elementos utilizados en la infracción y clausura de locales.
Asimismo, para acompañar los nuevos tiempos, un decreto reciente, el 2098/24, marca un punto de inflexión. Ordena a la Fiscalía de Estado que actúe de oficio en todos los casos que comprometan la conservación de la especie, con la instrucción de iniciar demandas, denuncias y constituirse como querellante ante la caza, la muerte no natural -incluidos atropellamientos-, la tenencia ilegal, la comercialización de ejemplares o sus partes, y cualquier otro delito tipificado. La norma transforma la protección en una acción judicial proactiva.
La ley cobra vida en el territorio a través de un trabajo silencioso y persistente. Uno de los frentes más críticos son las rutas. La campaña “Yo freno por la fauna”, junto con carteles, radares y controles, busca reducir la velocidad en los corredores biológicos donde el riesgo de atropellamiento es alto. Esta iniciativa es solo la parte visible de un sistema que incluye análisis de tramos críticos, instalación de vallas y protocolos de rescate.
En las zonas rurales, donde el conflicto con la ganadería puede surgir, Misiones implementa un mecanismo pionero. A través de un trabajo conjunto con el Ministerio del Agro, se ofrece compensación y acompañamiento técnico a los productores. El objetivo busca evitar represalias contra el felino y promover prácticas de manejo que disuadan los ataques, construyendo un puente entre la producción y la conservación.
Este esfuerzo se sostiene sobre una red humana compuesta por guardaparques, técnicos del Instituto Misionero de Biodiversidad y organizaciones como el Proyecto Yaguareté. Su labor es intensa, desde el monitoreo con cámaras trampa y collares satelitales, generan datos vitales para entender los movimientos de esta especie, identificar corredores y priorizar áreas de intervención.
Cuando un ejemplar se aventura cerca de zonas pobladas, se activa un protocolo de acción rápida. Un equipo especializado -con personal del Ministerio de Ecología, la Policía con su Dirección de Medio Ambiente y ONGs- se moviliza para capturar, evaluar y reubicar al animal, siempre con prioridad en su bienestar. Estas acciones se complementan con campañas de tenencia responsable de mascotas para minimizar encuentros conflictivos.
La conservación del yaguareté en Misiones es un trabajo conjunto y complejo. Cada eslabón -la señalética en una ruta, el diálogo con un productor, el rastreo de una huella, una denuncia judicial- es indispensable. No es una tarea de un día, sino una política de Estado que entiende que la sombra del yaguareté, proyectándose sobre el monte misionero, es la prueba viviente de un ecosistema que aún late con fuerza. Su futuro depende de que este entramado de esfuerzos se mantenga, se fortalezca y no ceda.
En Misiones, la protección del yaguareté no es un gesto simbólico, sino un compromiso sostenido que atraviesa leyes, ciencia, territorio y comunidad. La Provincia consolida una política ambiental que combina prevención, control, justicia y convivencia, entendiendo que la supervivencia del felino más emblemático del país refleja la salud de todo el monte. Mantener viva su presencia es garantizar que Misiones siga siendo un bastión de biodiversidad, donde cada acción suma para que el yaguareté continúe caminando la selva que lo vio nacer.
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Abuso y muerte en Colonia Victoria: Lo que se dijo en la marcha (Con Videos)
Ayer por la tarde se realizó la marcha en pedido de justicia por Gabriela, la niña que falleció a principio de semana y que habría sido víctima de abuso sexual. Por el caso está detenido el padrastro de la niña.
Canal 9 Norte Misionero estuvo en la marcha y esto fue lo que expresaron los vecinos:
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Abuso y muerte en Colonia Victoria: El comunicado de la escuela a la que asistía Gabriela
Este miércoles se desarrolló una marcha de vecinos exigiendo justicia por la niña que falleció a principio de esta semana en el Hospital SAMIC de Eldorado y que presuntamente habría sido víctima de abuso sexual. Durante la movilización se cuestionó la ausencia de la madre de la niña y de las autoridades de la Escuela N° 267 Santa Maria del Iguazú, institución a la que asistía Gabriela.
Precisamente, desde el establecimiento emitieron ayer un comunicado de prensa a través del cual han dicho que intentan “transmitirles un mensaje de tranquilidad y cercanía” a la comunidad, asegurando que “nuestra principal prioridad es el cuidado integral de nuestros estudiantes, docentes y familias. Por ello, hemos activado y mantenemos en plena implementación el Protocolo de Abordaje Integral del Suicidio, en cumplimiento de la Resolución 292/24, trabajando de manera articulada con organismos provinciales especializados en salud mental y acompañamiento educativo, resguardando la privacidad del caso desde que tomamos conocimiento el pasado 06 de Octubre”.
El comunicado completo

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