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La pobreza subió al 52,9% en el primer semestre del año y alcanzó a 24,9 millones de personas en todo el país, mientras que la indigencia alcanzó a 8,5 millones de argentinos
El índice aumentó 11,2 puntos porcentuales respecto a número de fines del año pasado y 12,8 puntos contra igual período de 2023, informó el Indec. La indigencia, en tanto, trepó a 18,1%
La pobreza avanzó hasta 52,9% en el primer semestre del año y así alcanza a 24,9 millones de personas en todo el país, informó este jueves el Indec. Implica una suba de 11,2 puntos porcentuales respecto al cierre del año pasado, que había sido de 41,7% en el momento del cambio de Gobierno y de 12,8 puntos en comparación con un año atrás, cuando había sido de 40,1 por ciento. Esto representa, además, el dato más alto desde 2003.
Los números oficiales difundidos por el organismo estadístico dan cuenta también de un empeoramiento en la tasa de indigencia. Así, el 18,1% de la población de todo el país no pudo tener cubiertas las necesidades alimentarias básicas, lo que representaría 8,5 millones de personas. También implicaría una suba marcada respecto a los últimos índices: seis meses antes este número era de 12% y de 9,3% un año atrás.
Es la primera medición del gobierno de Javier Milei. Respecto de un año atrás, 6,2 millones de habitantes se sumaron al universo que con su ingreso no pudo comprar la canasta básica total de alimentos y servicios básicos. Y se incrementó en 4,2 millones la población que no llegó a cubrir el valor de la canasta básica alimentaria, pese a los planes de asistencia social.

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Los datos del Indec
Otro dato relevante es lo que en el informe oficial se suele presentar como la “brecha” de pobreza y de indigencia. Esto es: qué tan cerca o tan lejos están los pobres y los indigentes que viven en la Argentina, en términos de ingresos, de poder salir de esa situación.
Esas cifras también son críticas: en promedio en el primer semestre un hogar pobre tuvo ingresos 42,6% por debajo de lo necesario para dejar de serlo. Una distancia de algo más de $300.000. Para el caso de la brecha de indigencia, fue de 33,4%, lo que equivale a decir que un hogar que no llega a cubrir la canasta alimentaria requirió $116.000 más en promedio para no ser indigente.
El primer semestre del año fue atravesado por esa escalada inicial de la inflación de los primeros meses del año, hasta un ritmo de suba de precios que se asentó en el orden del 4% mensual desde mayo. Hubo, en paralelo, una caída marcada del poder de compra de los salarios, que también comenzó a recuperar terreno en la medida en que desaceleraba el índice de precios, aunque no llegó a compensar enteramente lo perdido en el último año.
Pero el impacto más “novedoso” como efecto de la recesión fue el que está relacionado con el mercado laboral, un indicador que, aún con un deterioro persistente en el poder adquisitivo, se mantenía con tasas de desempleo mínimas en los últimos años. En el primer trimestre, la incidencia de la desocupación fue del 7,7% (una suba de dos puntos porcentuales respecto al cierre de 2023 y de 0,8 puntos en comparación con el mismo trimestre del año anterior); y de 7,6% en el segundo, una desmejora interanual de 1,2 puntos.
Tomando en cuenta el tamaño total de la población, se deduce que hay 1.625.000 desocupados en el país, lo que representa un aumento de 336.000 personas en la comparación interanual. Si se comparan los resultados de la EPH del primer trimestre del año con los datos del segundo, se observa que el empleo registrado perdió 60.400 trabajadores, mientras que el empleo en negro sumó a 328.300 personas. Esto da la pauta de un mercado laboral con puestos de empleo de menor calidad.
El 2023 había finalizado con una tasa de pobreza de 41,7%, lo que implicaba unos 19,4 millones de personas sin tener la canasta básica total cubierta con sus ingresos del hogar, mientras que de ese total, la indigencia, es decir aquellas familias que ni siquiera tienen asegurado el dinero suficiente todos los meses para adquirir lo mínimo alimentario, alcanzó a casi 12% de la sociedad.
Eso implicó que el gobierno del Frente de Todos inició su mandato, al finalizar el 2019, con un 35,5% de pobreza y lo terminó con 41,7%, es decir, una suba en toda su administración de 6,2 puntos porcentuales. Más atrás, el gobierno de Cambiemos también había registrado un marcado declive en los indicadores sociales. Mauricio Macri asumió con un número de pobreza desconocido por la intervención del Indec –aunque se estima algo menor al 30%– y terminó con 35,5 por ciento.
Durante los sucesivos gobiernos kirchneristas, los índices de pobreza y de indigencia tuvieron una fuerte baja tras los picos que habían alcanzado por la crisis de fines de 2001, cuando había sido de 57,5 por ciento. El último dato antes del apagón estadístico fue el del segundo semestre de 2006, cuando fue de 26,9 por ciento. Representó, así, un recorte de unos 30 puntos en cinco años.
Otra forma de hacer la comparación es cuál fue el primer dato de pobreza después de la toma de mando de los últimos gobiernos. El de Alberto Fernández estuvo marcado por la irrupción de la pandemia en marzo de 2020, que empujó al 40,9% de la población bajo la línea de la pobreza. Fueron, así, 5,4 puntos de aumento de la pobreza en la primera medición del Frente de Todos.
El 2023 había finalizado con una tasa de pobreza de 41,7%, lo que implicaba unos 19,4 millones de personas sin tener la canasta básica total cubierta con sus ingresos del hogar
Para el caso del macrismo, por otra parte, el punto de partida se estima, como fue dicho, en un 29% ya que la medición oficial había sido interrumpida, y en el primer semestre del 2016 ya había subido a 32,2% por lo cual el incremento en el inicio del mandato habría sido algo superior a los 3 puntos porcentuales.
Los números oficiales difundidos por el organismo estadístico dan cuenta de un empeoramiento en la tasa de indigencia
Néstor Kirchner asumió con 54% de pobreza y en su primera medición semestral tuvo una baja hasta 47,8 por ciento. Y Cristina Kirchner, ya con un organismo estadístico intervenido, llegó a la Casa Rosada con un estimado de 35,6% de pobreza y tuvo un primer indicador de 34,9%, lo que mostró una primera señal de estancamiento en la reducción de la pobreza.
El Gobierno aumentó el monto de las transferencias de AUH y de Tarjeta Alimentar por encima del ritmo de la inflación en lo que va del año, pero los números indican que fue insuficiente para evitar un empeoramiento en las condiciones de vida. Este jueves, antes de hacerse público el indicador crítico de condiciones sociales de vida, el Gobierno dejó trascender que anunciará la ampliación de la Tarjeta Alimentar y el refuerzo de las políticas de asistencia.
Tal como informó Infobae, el Ministerio de Capital Humano decidió ampliar la cobertura etaria de la Tarjeta Alimentar. A partir del 1 de octubre, el beneficio se extenderá hasta los 17 años, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos necesarios para recibir el pago de la Anses.
Indigencia:
La indigencia trepó al 18,1% de la población del país en el primer semestre del año, informó este jueves el Indec. De esa forma, 8,5 millones de personas no consigueron tener cubierta con sus ingresos mensuales siquiera las necesidades alimentarias básicas.
Prácticamente una de cada cinco personas en la Argentina no llegó a poder alimentarse lo suficiente en el contexto de crisis económica, escalada de la inflación en los primeros meses del año y de pérdida de puestos de trabajo formales e informales. También implicaría una suba marcada respecto a los últimos índices: seis meses antes este número era de 12% y de 9,3% un año atrás. En el último año 4,2 millones nuevas personas fueron consideradas indigentes para el Indec.
La foto es incluso más crítica entre los más jóvenes. La indigencia alcanza al 27% de los chicos de hasta 14 años. Aunque los más afectados son los que están en el rango de entre 12 y 17 años, donde sube a 29,4 por ciento.
La tendencia de empeoramiento de las condiciones sociales, incluso las más básicas, en un contexto de ayuda estatal más amplia pero con una macroeconomía con inflación cada año más alta y salarios más bajos dio como resultado que desde fines de 2017 la indigencia escalara desde 4,8% hasta 18,1 por ciento. Puesto de otra forma: en seis años prácticamente se cuadruplicó la cantidad de indigentes que viven en la Argentina.
Analizado por regiones, el conglomerado urbano más afectado por la indigencia fue el Gran Resistencia, en el que el 38,6% de la población vive sin las necesidades básicas alimentarias cubiertas. Le siguen, en ese ránking, Concordia (26,4%), Santiago del Estero-La Banda (22,9%), el Conurbano bonaerense (22,7%) y Formosa (19,8 por ciento). Solo dos centros urbanos se mantienen con una indigencia de un dígitos son el Gran San Luis y la Ciudad de Buenos Aires.
La pérdida de poder de compra de los salarios informales (los más expuestos a la pobreza) son de difícil medición, aunque el Indec realiza un informe sobre salarios amplio que los contempla pero con un rezago en la información de unos cinco meses. El último dato muestra que los salarios informales están 57 puntos porcentuales por debajo del ritmo de inflación.
Y por otra parte, la información más reciente de Secretaría de Trabajo muestra que se perdieron 136.000 puestos de trabajo asalariados registrados del sector privado (los que tienen mejores condiciones de trabajo y mejores salarios). La estimación de la cantidad de empleos en negro perdidos es solo conjetural, pero habrían sido de unos 530 mil al primer trimestre del año.
El primer semestre del año fue atravesado por esa escalada inicial de la inflación de los primeros meses del año, hasta un ritmo de suba de precios que se asentó en el orden del 4% mensual desde mayo. Hubo, en paralelo, una caída marcada del poder de compra de los salarios, que también comenzó a recuperar terreno en la medida en que desaceleraba el índice de precios, aunque no llegó a compensar enteramente lo perdido en el último año.
El Gobierno aumentó el monto de las transferencias de AUH y de Tarjeta Alimentar por encima del ritmo de la inflación en lo que va del año, pero los números indican que fue insuficiente para evitar un empeoramiento en las condiciones de vida. Este jueves, antes de hacerse público el indicador crítico de condiciones sociales de vida, el Gobierno dejó trascender que anunciará la ampliación de la Tarjeta Alimentar y el refuerzo de las políticas de asistencia.
FUENTE: INFOBAE
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Está vigente el programa Ahora Fiestas
A partir de este sábado y hasta el miércoles 31 del diciembre, estará vigente el programa especial Ahora Fiestas, una herramienta impulsada por el Gobierno de Misiones para acompañar a las familias en las compras de fin de año y potenciar el comercio local. A través de sus redes, el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, recordó a la comunidad sobre la puesta en marcha del beneficio financiero.
Durante el período de vigencia, los comercios adheridos ofrecerán hasta un 25% de reintegro, o 20% en comercios no misioneros, junto con la posibilidad de financiar las compras en 1 o 6 cuotas sin interés. Los beneficios estarán disponibles para pagos realizados con tarjetas de crédito Visa y Mastercard del Banco Macro.
El programa establece un límite de financiación de $653.400, mientras que el tope máximo de reintegro será de $44.044. Estas condiciones buscan facilitar el acceso al consumo en una época de alta demanda, como las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.
Participarán comercios de rubros vinculados al consumo estacional, entre ellos indumentaria, calzado, juguetes, artículos del hogar, electrodomésticos, deportes, celulares, blanquerías y regalos. Los locales que ya forman parte de los programas Ahora Misiones y Ahora Bienes Durables quedarán adheridos automáticamente al Ahora Fiestas.
Desde el Gobierno provincial destacaron que, en el cierre del año, se continúa sosteniendo este tipo de herramientas que articulan esfuerzos entre el sector público y privado, con el doble objetivo de incentivar el comercio local en toda la provincia y fortalecer la capacidad de consumo de los hogares durante las fiestas.
El listado completo de comercios adheridos en cada localidad puede consultarse en la web oficial de los Programas Ahora: ahora.misiones.gob.ar.
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Senado: fuerte rechazo de especialistas, organizaciones ambientales y entidades científicas a la reforma de la Ley de Glaciares
Especialistas, organizaciones de la sociedad civil y científicos1 cuestionaron el proyecto del Poder Ejecutivo que modifica la Ley 26.639 de presupuestos mínimos de protección ambiental de glaciares y ambiente periglacial. Fue ayer en la reunión conjunta de las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Minería, Energía y Combustibles del Senado de la Nación que, en un trámite exprés que llevó solo dos días, dictaminó la iniciativa del oficialismo a pesar del contundente rechazo. No obstante, el tratamiento parlamentario del proyecto se retomará recién a principios de febrero, a pesar de que las autoridades legislativas habían anunciado que ingresaría al recinto el próximo 26 de diciembre.
Durante el encuentro, desarrollado en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo, los disertantes coincidieron en que la iniciativa oficial implica un cambio estructural en el régimen de protección ambiental vigente, al debilitar el carácter nacional de los presupuestos mínimos y fragmentar criterios de resguardo sobre bienes comunes estratégicos como el agua. Advirtieron, además, que avanzar con una reforma de estas características sienta un precedente regresivo en materia de derecho ambiental, en un contexto de crisis climática e hídrica que exige fortalecer las políticas públicas de protección y no debilitarlas.
En esta línea, Andrés Nápoli, director ejecutivo de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) señaló que “el proyecto introduce una modificación sustancial de la ley vigente mediante dos mecanismos centrales. En primer lugar, reduce el área de protección glaciar —que conviene recordar actualmente alcanza apenas el 0,21 % del territorio nacional— con el objetivo de habilitar el desarrollo de proyectos de megaminería de alta montaña que hoy se encuentran expresamente prohibidos. En segundo término, otorga a las provincias la facultad de decidir qué glaciares deben ser protegidos y cuáles no, desmantelando así el esquema de protección ambiental uniforme y común para todo el país establecido por la Constitución Nacional”.
A esto Agostina Rossi Serra de Greenpeace Argentina señaló que “cuando el riesgo aumenta, las normas se fortalecen, no se debilitan”, y advirtió que “plantear que hay glaciares o partes del ambiente periglacial que sirven y otros que no es una discusión científicamente incorrecta”. En ese sentido, remarcó que “los glaciares y el ambiente periglacial no son obstáculos: son aliados para enfrentar la crisis climática”.
Las organizaciones alertaron que las modificaciones propuestas no persiguen mejorar ni ampliar la protección de las fuentes de agua en un contexto de crisis climática, sino responder a las demandas del sector minero, tal como surge de manera explícita de los considerandos del propio proyecto.
En ese sentido, Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas recordó a los senadores que “las leyes de presupuestos mínimos son una arquitectura constitucional que este proyecto tira por la borda. La destruye. Y esto no es menor, porque tenemos otras leyes de presupuestos mínimos. ¿Qué va a pasar después? ¿Vienen por los bosques? ¿Vienen por los ríos? ¿Por la Ley General del Ambiente?”
Por otra parte, las organizaciones cuestionaron la escasa participación en el debate y la celeridad (solo dos días) con la que los senadores dictaminaron el proyecto de modificación, a lo que sumaron la irregularidad de la falta de consultas previas a especialistas para elaborar la nueva iniciativa.
Manuel Jaramillo, director ejecutivo de la Fundación Vida Silvestre Argentina consideró “que es inadmisible que el proyecto adolezca de consulta previa con el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), institución de excelencia científica, referida por la legislación actual para el desarrollo del Inventario Nacional de Glaciares. La minería responsable es posible, y necesaria, pero nunca sobre el ambiente glaciar y periglacial, como promueve el proyecto de ley que ya cuenta con dictamen positivo a pesar de todas las voces que advirtieron sus falencias técnicas y legislativas”.
En el mismo sentido, Eugenia Testa, directora del Círculo de Políticas Ambientales (CPA) agregó que “el proceso legislativo y la elaboración previa del proyecto evidencia una fuerte injerencia sectorial. Hay una clara captura de una política pública de más de 15 años por parte de un interés económico particular, en este caso el del sector minero, que intervino directa o indirectamente a través de un grupo de gobernadores”.
Finalmente, Hernán Casañas, director ejecutivo de Aves Argentinas destacó que “las empresas que queremos son las que cumplen estándares y apuestan a largo plazo. No buscan libertad absoluta, buscan certidumbres”, y agregó: “los flujos de inversión más importantes van a los países con los estándares ambientales más altos. El argumento económico está planteado al revés.”
De acuerdo con las organizaciones, lo que intenta hacer el proyecto de ley es alterar una ley general para hacerla encajar con algunos proyectos mineros que, bajo el régimen vigente, no podrían desarrollarse. Lejos de generar la seguridad jurídica que se invoca en favor de los inversores, esta reforma tendrá el efecto contrario: profundizará la incertidumbre normativa y agravará la ya frágil licencia social para operar.
Al plantear su rechazo al proyecto, los disertantes solicitaron a los senadores que no avancen con una reforma que reduce niveles de protección ambiental, vulnera la Constitución Nacional y pone en riesgo la seguridad hídrica del país. “En un contexto de crisis climática y escasez de agua cada vez más evidente, retroceder en la protección de los glaciares y del ambiente periglacial no es una opción responsable ni legalmente admisible. La Ley de Glaciares es clara, constitucional y vigente: debe cumplirse, no vaciarse”, remarcaron.
(1) Las organizaciones que participaron de la reunión conjunta de comisiones son: Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Aves Argentinas, Greenpeace Argentina, Círculo de Políticas Ambientales (CPA), Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAAA) y Fundación Vida Silvestre Argentina. También participaron de la reunión el director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) Pablo Villagra, Gabriela González Trilla de Ecosistemas azules-CONICET, Laura Isla Rafaele del CONICET, la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) y Cámara de Proveedores de Empresas Mineras (CAPMIN).
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Fiestas seguras en Eldorado
La Viceintendente de la ciudad de Eldorado, Dra. Lorena Cardozo, encabezó una conferencia de prensa para brindar detalles sobre los dispositivos de control y el despliegue de seguridad que se implementarán con motivo de las fiestas de fin de año y los eventos sociales organizados en la ciudad.
Acompañaron la presentación el Secretario de Gobierno, Hernando Cabrera; el Jefe de la Unidad Regional III, Comisario Mayor Daniel Molina; el Director de Tránsito y Transporte, Fernando Caro; y el Director de Protección Civil, Mario Flammer, quienes expusieron las medidas preventivas previstas para garantizar celebraciones seguras y responsables.
Durante la conferencia se destacó la importancia de pasar las fiestas de manera tranquila, minimizando riesgos a través de operativos de control y acciones coordinadas entre las distintas áreas. Se informó que los dispositivos estarán focalizados especialmente en los sectores con mayor concentración de personas, tanto en la zona céntrica como en distintos puntos de la ciudad.
En materia de seguridad vial, se remarcó la vigencia y el estricto cumplimiento de la política de alcohol cero al volante, solicitando a los conductores conciencia y responsabilidad, a fin de prevenir siniestros y proteger la vida de todos los vecinos.
Por su parte, el Comisario Mayor Daniel Molina indicó que durante los fines de semana y las celebraciones de Navidad y Año Nuevo se desplegará un operativo reforzado que incluirá más de 150 efectivos en la zona céntrica, además de patrullajes permanentes en los barrios y sectores más alejados, abarcando tanto la seguridad vial como la seguridad pública.
Finalmente, se informó que los eventos y fiestas habilitadas fueron debidamente notificadas sobre los controles que se realizarán, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de los espectáculos, cuidar especialmente a los jóvenes y prevenir cualquier tipo de incidente.
En este marco, la Viceintendenta Lorena Cardozo destacó la importancia de contar con espacios propicios para el esparcimiento, pero siempre de manera segura y ordenada, remarcando que si bien los controles y operativos son fundamentales, el éxito de estas medidas depende también del compromiso y la responsabilidad de cada vecino.
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