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La pobreza subió al 52,9% en el primer semestre del año y alcanzó a 24,9 millones de personas en todo el país, mientras que la indigencia alcanzó a 8,5 millones de argentinos
El índice aumentó 11,2 puntos porcentuales respecto a número de fines del año pasado y 12,8 puntos contra igual período de 2023, informó el Indec. La indigencia, en tanto, trepó a 18,1%
La pobreza avanzó hasta 52,9% en el primer semestre del año y así alcanza a 24,9 millones de personas en todo el país, informó este jueves el Indec. Implica una suba de 11,2 puntos porcentuales respecto al cierre del año pasado, que había sido de 41,7% en el momento del cambio de Gobierno y de 12,8 puntos en comparación con un año atrás, cuando había sido de 40,1 por ciento. Esto representa, además, el dato más alto desde 2003.
Los números oficiales difundidos por el organismo estadístico dan cuenta también de un empeoramiento en la tasa de indigencia. Así, el 18,1% de la población de todo el país no pudo tener cubiertas las necesidades alimentarias básicas, lo que representaría 8,5 millones de personas. También implicaría una suba marcada respecto a los últimos índices: seis meses antes este número era de 12% y de 9,3% un año atrás.
Es la primera medición del gobierno de Javier Milei. Respecto de un año atrás, 6,2 millones de habitantes se sumaron al universo que con su ingreso no pudo comprar la canasta básica total de alimentos y servicios básicos. Y se incrementó en 4,2 millones la población que no llegó a cubrir el valor de la canasta básica alimentaria, pese a los planes de asistencia social.

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Los datos del Indec
Otro dato relevante es lo que en el informe oficial se suele presentar como la “brecha” de pobreza y de indigencia. Esto es: qué tan cerca o tan lejos están los pobres y los indigentes que viven en la Argentina, en términos de ingresos, de poder salir de esa situación.
Esas cifras también son críticas: en promedio en el primer semestre un hogar pobre tuvo ingresos 42,6% por debajo de lo necesario para dejar de serlo. Una distancia de algo más de $300.000. Para el caso de la brecha de indigencia, fue de 33,4%, lo que equivale a decir que un hogar que no llega a cubrir la canasta alimentaria requirió $116.000 más en promedio para no ser indigente.
El primer semestre del año fue atravesado por esa escalada inicial de la inflación de los primeros meses del año, hasta un ritmo de suba de precios que se asentó en el orden del 4% mensual desde mayo. Hubo, en paralelo, una caída marcada del poder de compra de los salarios, que también comenzó a recuperar terreno en la medida en que desaceleraba el índice de precios, aunque no llegó a compensar enteramente lo perdido en el último año.
Pero el impacto más “novedoso” como efecto de la recesión fue el que está relacionado con el mercado laboral, un indicador que, aún con un deterioro persistente en el poder adquisitivo, se mantenía con tasas de desempleo mínimas en los últimos años. En el primer trimestre, la incidencia de la desocupación fue del 7,7% (una suba de dos puntos porcentuales respecto al cierre de 2023 y de 0,8 puntos en comparación con el mismo trimestre del año anterior); y de 7,6% en el segundo, una desmejora interanual de 1,2 puntos.
Tomando en cuenta el tamaño total de la población, se deduce que hay 1.625.000 desocupados en el país, lo que representa un aumento de 336.000 personas en la comparación interanual. Si se comparan los resultados de la EPH del primer trimestre del año con los datos del segundo, se observa que el empleo registrado perdió 60.400 trabajadores, mientras que el empleo en negro sumó a 328.300 personas. Esto da la pauta de un mercado laboral con puestos de empleo de menor calidad.
El 2023 había finalizado con una tasa de pobreza de 41,7%, lo que implicaba unos 19,4 millones de personas sin tener la canasta básica total cubierta con sus ingresos del hogar, mientras que de ese total, la indigencia, es decir aquellas familias que ni siquiera tienen asegurado el dinero suficiente todos los meses para adquirir lo mínimo alimentario, alcanzó a casi 12% de la sociedad.
Eso implicó que el gobierno del Frente de Todos inició su mandato, al finalizar el 2019, con un 35,5% de pobreza y lo terminó con 41,7%, es decir, una suba en toda su administración de 6,2 puntos porcentuales. Más atrás, el gobierno de Cambiemos también había registrado un marcado declive en los indicadores sociales. Mauricio Macri asumió con un número de pobreza desconocido por la intervención del Indec –aunque se estima algo menor al 30%– y terminó con 35,5 por ciento.
Durante los sucesivos gobiernos kirchneristas, los índices de pobreza y de indigencia tuvieron una fuerte baja tras los picos que habían alcanzado por la crisis de fines de 2001, cuando había sido de 57,5 por ciento. El último dato antes del apagón estadístico fue el del segundo semestre de 2006, cuando fue de 26,9 por ciento. Representó, así, un recorte de unos 30 puntos en cinco años.
Otra forma de hacer la comparación es cuál fue el primer dato de pobreza después de la toma de mando de los últimos gobiernos. El de Alberto Fernández estuvo marcado por la irrupción de la pandemia en marzo de 2020, que empujó al 40,9% de la población bajo la línea de la pobreza. Fueron, así, 5,4 puntos de aumento de la pobreza en la primera medición del Frente de Todos.
El 2023 había finalizado con una tasa de pobreza de 41,7%, lo que implicaba unos 19,4 millones de personas sin tener la canasta básica total cubierta con sus ingresos del hogar
Para el caso del macrismo, por otra parte, el punto de partida se estima, como fue dicho, en un 29% ya que la medición oficial había sido interrumpida, y en el primer semestre del 2016 ya había subido a 32,2% por lo cual el incremento en el inicio del mandato habría sido algo superior a los 3 puntos porcentuales.
Los números oficiales difundidos por el organismo estadístico dan cuenta de un empeoramiento en la tasa de indigencia
Néstor Kirchner asumió con 54% de pobreza y en su primera medición semestral tuvo una baja hasta 47,8 por ciento. Y Cristina Kirchner, ya con un organismo estadístico intervenido, llegó a la Casa Rosada con un estimado de 35,6% de pobreza y tuvo un primer indicador de 34,9%, lo que mostró una primera señal de estancamiento en la reducción de la pobreza.
El Gobierno aumentó el monto de las transferencias de AUH y de Tarjeta Alimentar por encima del ritmo de la inflación en lo que va del año, pero los números indican que fue insuficiente para evitar un empeoramiento en las condiciones de vida. Este jueves, antes de hacerse público el indicador crítico de condiciones sociales de vida, el Gobierno dejó trascender que anunciará la ampliación de la Tarjeta Alimentar y el refuerzo de las políticas de asistencia.
Tal como informó Infobae, el Ministerio de Capital Humano decidió ampliar la cobertura etaria de la Tarjeta Alimentar. A partir del 1 de octubre, el beneficio se extenderá hasta los 17 años, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos necesarios para recibir el pago de la Anses.
Indigencia:
La indigencia trepó al 18,1% de la población del país en el primer semestre del año, informó este jueves el Indec. De esa forma, 8,5 millones de personas no consigueron tener cubierta con sus ingresos mensuales siquiera las necesidades alimentarias básicas.
Prácticamente una de cada cinco personas en la Argentina no llegó a poder alimentarse lo suficiente en el contexto de crisis económica, escalada de la inflación en los primeros meses del año y de pérdida de puestos de trabajo formales e informales. También implicaría una suba marcada respecto a los últimos índices: seis meses antes este número era de 12% y de 9,3% un año atrás. En el último año 4,2 millones nuevas personas fueron consideradas indigentes para el Indec.
La foto es incluso más crítica entre los más jóvenes. La indigencia alcanza al 27% de los chicos de hasta 14 años. Aunque los más afectados son los que están en el rango de entre 12 y 17 años, donde sube a 29,4 por ciento.
La tendencia de empeoramiento de las condiciones sociales, incluso las más básicas, en un contexto de ayuda estatal más amplia pero con una macroeconomía con inflación cada año más alta y salarios más bajos dio como resultado que desde fines de 2017 la indigencia escalara desde 4,8% hasta 18,1 por ciento. Puesto de otra forma: en seis años prácticamente se cuadruplicó la cantidad de indigentes que viven en la Argentina.
Analizado por regiones, el conglomerado urbano más afectado por la indigencia fue el Gran Resistencia, en el que el 38,6% de la población vive sin las necesidades básicas alimentarias cubiertas. Le siguen, en ese ránking, Concordia (26,4%), Santiago del Estero-La Banda (22,9%), el Conurbano bonaerense (22,7%) y Formosa (19,8 por ciento). Solo dos centros urbanos se mantienen con una indigencia de un dígitos son el Gran San Luis y la Ciudad de Buenos Aires.
La pérdida de poder de compra de los salarios informales (los más expuestos a la pobreza) son de difícil medición, aunque el Indec realiza un informe sobre salarios amplio que los contempla pero con un rezago en la información de unos cinco meses. El último dato muestra que los salarios informales están 57 puntos porcentuales por debajo del ritmo de inflación.
Y por otra parte, la información más reciente de Secretaría de Trabajo muestra que se perdieron 136.000 puestos de trabajo asalariados registrados del sector privado (los que tienen mejores condiciones de trabajo y mejores salarios). La estimación de la cantidad de empleos en negro perdidos es solo conjetural, pero habrían sido de unos 530 mil al primer trimestre del año.
El primer semestre del año fue atravesado por esa escalada inicial de la inflación de los primeros meses del año, hasta un ritmo de suba de precios que se asentó en el orden del 4% mensual desde mayo. Hubo, en paralelo, una caída marcada del poder de compra de los salarios, que también comenzó a recuperar terreno en la medida en que desaceleraba el índice de precios, aunque no llegó a compensar enteramente lo perdido en el último año.
El Gobierno aumentó el monto de las transferencias de AUH y de Tarjeta Alimentar por encima del ritmo de la inflación en lo que va del año, pero los números indican que fue insuficiente para evitar un empeoramiento en las condiciones de vida. Este jueves, antes de hacerse público el indicador crítico de condiciones sociales de vida, el Gobierno dejó trascender que anunciará la ampliación de la Tarjeta Alimentar y el refuerzo de las políticas de asistencia.
FUENTE: INFOBAE
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BRASIL, MÁS SIMPLE: PAGÁ DIRECTO DESDE TU CELULAR CON BANCO MACRO Y MODO
Banco Macro y MODO eliminan las barreras de pago en tus vacaciones integrando la tecnología PIX, la forma de pagar más elegida en Brasil.
Banco Macro anuncia una solución práctica y segura para los clientes que elijan Brasil como destino de sus vacaciones durante el verano 2026.
Ahora es posible pagar consumos con PIX -el sistema de códigos QR instantáneos de Brasil- en forma directa desde la APP MODO, utilizando los dólares de la cuenta de Banco Macro.
Para poder abonar en el supermercado, restaurantes, bares, heladerías y todo tipo de comercios hay que seguir los siguientes pasos:
1- Abrir la APP MODO para escanear el QR -PIX-
2- Visualizar o ingresar el monto en reales.
3- Elegir la cuenta en dólares para pagar.
4- Confirmar la operación.

Banco Macro recomienda a sus clientes comprar los dólares a través de App Macro y acceder al tipo de cambio oficial.
De esta forma, la operación se realiza en manera directa y segura, sin trasladar fondos entre diferentes aplicaciones. Es rápido y sin fricciones: se utiliza desde el teléfono celular.
“En Banco Macro buscamos constantemente soluciones que simplifiquen el día a día de nuestros clientes y con la integración de PIX a través de MODO, estamos mejorando la experiencia de pago en su viaje a Brasil de una forma ágil, segura y eficiente”, aseguró Guillermo Jejcic, Gerente de Banca Individuos de Banco Macro.
Este verano, Banco Macro tiene los mejores beneficios y experiencias en Argentina, Uruguay y Brasil.
En este sentido, todos los días en todos los restaurantes de Uruguay y Brasil, con tarjetas de crédito Visa Signature Macro Selecta, pagando con Google Pay o Apple Pay hay 40% de ahorro. El tope de devolución es de 145.000 pesos por cuenta por mes.
Pensá en Verano, Pensá en Macro.
Acerca de Banco Macro: Banco Macro cuenta con 8.785 colaboradores, 2.067 cajeros automáticos, 981 terminales de autoservicio y una estructura de 558 puntos de atención, siendo actualmente el banco privado con mayor red de sucursales a lo largo del país.
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Hongos Misioneros: El IMiBio capacitó a más de 300 personas durante el 2025
En consonancia con el Lema del Año que buscaba promocionar la Funga Misionera, el instituto que preside la Mgtr. Arq. Viviana Rovira recorrió la provincia ofreciendo talleres sobre cultivo, recolección y consumo de las especies de hongos comestibles presentes en nuestra provincia. Asimismo impulsó la sanción de la primera ley provincial sobre hongos medicinales del país.
El 2025 fue el año en el que la provincia de Misiones le otorgó un incentivo especial a la Funga Misionera, parte esencial de nuestra valiosa biodiversidad pero poco conocida pese a su gran potencial.

En ese marco, además de incluir su promoción en el denominado Lema del Año, desde el Gobierno Provincial se creó la Mesa de la Funga Misionera destinada a incentivar el cultivo y la recolección de hongos comestibles como alternativa productiva y se sancionó la Ley que crea el Programa Provincial de Investigación y Desarrollo de Productos de Uso Medicinal de Hongos y Derivados.
Ante este escenario, el trabajo que el Instituto Misionero de Biodiversidad (IMiBio) venía llevando a cabo desde su creación en 2021, tanto en el plano de la investigación como en la difusión de la funga misionera, cobró especial protagonismo sirviendo de pilar para el cumplimiento de la meta ambicionada.
Tal es el caso que como lo viene desarrollando desde hace 4 años, y en consonancia con ser parte integrante de la Mesa de la Funga Misionera junto al Ministerio del Agro y la Producción, el IMiBio ofreció talleres virtuales y presenciales de identificación, cultivo y recolección de Hongos comestibles en más de siete municipios.

Las capacitaciones ofrecidas por el Dir. Gral. Ejecutivo del IMiBio, Dr. Emanuel Grassi; la Biol. Florencia Restelli; la Ing. en Alimentos, Paula Álvarez y la Ing. Forestal, Valentyna Berenda; alcanzaron durante el 2025 a más de 300 participantes entre los que se destacaron productores agrarios y personal del Mercado Central SEM, así como docentes y estudiantes secundarios ávidos por aprender sobre el aprovechamiento de distintas especies presentes en Misiones.
Los talleres que se desarrollaron de forma gratuita, están enmarcado dentro del Programa “Fortalecimiento de Recursos Alimenticios” (aprobado por Resol.119/21), y son consecuencia de las políticas que impulsa el IMiBio para promover el desarrollo sustentable de la Provincia de Misiones; con el objetivo de ayudar al crecimiento y fortalecimiento de economías familiares, considerando la importancia de realizar transferencia de conocimientos para el aprovechamiento sustentable de estos recursos.
Como otras de las aristas destinadas a poner en valor la funga misionera, este año el instituto que preside la Mgtr. Arq. Viviana Rovira se convirtió junto al Ministerio de Salud de la Provincia, en autoridad de aplicación de la Ley que creó el Programa Provincial de Investigación y Desarrollo de Productos de Uso Medicinal de Hongos y Derivados, en donde además de ser una institución pionera en generar conocimiento sobre la funga local, el IMiBio pondrá a disposición sus instalaciones para la instauración del primer Banco de Cepas Fúngicas de Interés Medicinal que funcionará en Misiones.
De esta manera cerramos un año de intenso trabajo y celebramos el reconocimiento y el impulso otorgado por los tres poderes del Estado a la funga como parte esencial de la biodiversidad misionera.
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Crisis financiera en Corrientes: municipios en quiebra, deuda récord y un relato oficial que se desmorona
La provincia de Corrientes atraviesa una crisis financiera y administrativa de magnitud estructural que ya no puede ser disimulada por discursos de equilibrio fiscal ni por la aprobación exprés de presupuestos inflados. Lo que ocurre en los municipios —los 74, sin excepción— funciona como un espejo brutal del deterioro provincial: cajas vacías, deudas impagas, balances alterados y denuncias judiciales contra gestiones salientes, muchas de ellas pertenecientes al propio oficialismo.

Este “efecto dominó” municipal -como lo llamaron antes- desmiente el relato del superávit y la prolijidad administrativa que durante años sostuvo el gobierno de Gustavo Valdés y que hoy intenta heredar su hermano, Juan Pablo Valdés. Lejos de tratarse de casos aislados, el colapso se repite con patrones idénticos, revelando una matriz de desorden financiero tolerada —cuando no alentada— desde el poder provincial.
Municipios en emergencia: un patrón que se repite
Las declaraciones de emergencia económica, financiera y administrativa se multiplican en distintos puntos de la provincia, acompañadas de denuncias graves:
- Paso de la Patria declaró la emergencia hasta diciembre de 2026 tras detectar una caja en cero, presunta malversación y una entrega de mando “irregular, anormal y contraria a toda lógica administrativa”.
- Gobernador Virasoro suspendió pagos acumulados desde 2017 hasta 2025 y, ante la falta de recursos genuinos, decidió compactar y vender como chatarra motocicletas secuestradas para intentar obtener ingresos mínimos.
- En Mburucuyá, el Banco de Corrientes confirmó la desaparición de unas 40 chequeras presuntamente en manos de exfuncionarios. El intendente Edgard Galarza Florentín denunció caja vacía, deudas acumuladas y documentación clave no entregada, y ya se prepara un informe para avanzar judicialmente contra la gestión saliente de Kelo Guastavino, alineada con el oficialismo provincial.
- Mercedes presentó una denuncia penal contra la administración anterior y anunció recortes forzados ante la imposibilidad de sostener el funcionamiento municipal.
- Santa Rosa perdió talonarios de cheques y sufrió transferencias electrónicas hasta el último minuto antes del cambio de mando, lo que derivó también en la declaración de emergencia económica.

A estos casos se suman la Municipalidad de Corrientes, Goya, Curuzú Cuatiá e Ituzaingó, donde las transiciones políticas esconden cesaciones de pagos y balances “dibujados”, aun cuando el signo político se mantiene.
Presupuesto récord, realidad en ruinas
Mientras los intendentes exhiben arqueos de caja en cero y dificultades para pagar sueldos, la Legislatura provincial aprobó sin debate un Presupuesto 2026 de 3,5 billones de pesos, bajo el argumento de garantizar un supuesto “federalismo provincial”. La contradicción es evidente: el poder político es el mismo, pero el colapso se extiende incluso a los municipios gobernados por el oficialismo.
El problema no se limita al plano local. Juan Pablo Valdés asumió la gobernación con una herencia fiscal crítica, producto de la gestión de su hermano: el gasto provincial creció un 39% por encima de los ingresos, el déficit supera los 160.000 millones de pesos y la deuda proyectada para 2025 ronda los 184.905 millones, ubicando a Corrientes entre las provincias más comprometidas del país.
La crisis se volvió inocultable con el manejo del bono navideño para estatales. La demora en el anuncio y la posterior confirmación de un pago de $500.000 en tres cuotas dejaron al descubierto la falta de liquidez provincial. Lejos de ser una decisión administrativa, el desdoblamiento funcionó como síntoma de una caja exhausta, incapaz de afrontar una erogación extraordinaria de una sola vez.

Ajuste nacional y recesión: el contexto que agrava todo
El escenario se agrava aún más por el ajuste fiscal y la recesión promovidos por el gobierno de Javier Milei, que impactan de lleno en las provincias y municipios. La caída de la coparticipación y la falta de previsibilidad obligaron, por ejemplo, a la intendenta de Bella Vista, Noelia Bazzi, a suspender la Fiesta Nacional de la Naranja, priorizando el pago de servicios esenciales.
En este clima de “tierra arrasada”, numerosos municipios ya anticipan que deberán recurrir al auxilio del gobierno provincial solo para pagar sueldos y aguinaldos, una dependencia que contradice cualquier discurso de autonomía y orden fiscal. Si no hay cambios estructurales, el 2026 se perfila como un año de ajuste permanente, conflicto social y parálisis institucional.
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