La Organización de Estados Americanos (OEA) calificó como un “crimen de lesa humanidad” la detención de Nahuel Gallo, gendarme argentino arrestado en Venezuela, y la consideró una “violación de normas internacionales”. En su comunicado, la OEA condenó su detención “arbitraria” y exigió su liberación inmediata, además de que el régimen venezolano “cumpla con los tratados y acuerdos internacionales sobre derechos humanos”.

La OEA también denunció que la incomunicación de Gallo y la negación de asistencia consular violan la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Por su parte, el régimen de Nicolás Maduro acusó a Gallo de formar parte de un grupo vinculado a la “derecha internacional” y de intentar ingresar al país de forma irregular, procesándolo por supuestos actos de terrorismo.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares para proteger los derechos de Gallo. En su comunicado, la CIDH exigió al régimen de Maduro que:

• Proteja los derechos a la vida e integridad personal de Gallo.

• Informe si Gallo está bajo custodia estatal y detalle las circunstancias de su detención.

• Especifique si Gallo fue presentado ante un tribunal competente o explique por qué sigue privado de libertad.

• Permita la comunicación de Gallo con su familia y representantes legales, y otorgue acceso a su expediente penal.

• Garantice que Gallo pueda comunicarse con las autoridades de Argentina.

• Informe sobre las medidas tomadas para investigar los hechos que originaron la detención y evitar su repetición.

Este caso ha generado una fuerte repercusión internacional y ha puesto presión sobre el gobierno de Maduro para que respete los derechos humanos y los acuerdos internacionales.

Este jueves, el gobierno de Javier Milei presentó un informe ante la Justicia solicitando que la ex primera dama Fabiola Yañez deje de contar con custodia en España, país donde reside. Esta solicitud se da en el marco de la disputa legal entre Yañez y el ex presidente Alberto Fernández, quien está acusado de supuesta violencia de género. A través de su cuenta en X, Milei afirmó: “Le pedí a la Ministra de Seguridad, @PatoBullrich, que eleve un informe a la justicia sobre el sin sentido de mantener una custodia a la ex primera dama y ex pareja del ex presidente”, y agregó que confiaba en que la Justicia aceptaría el pedido, ya que “los impuestos de los ciudadanos son para mejorar la vida de la población, no para privilegios de quienes no llevaron con austeridad la investidura”.

En respuesta, Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad, aseguró que elaboraría el informe de manera inmediata y lo elevaría a la Justicia. La controversia por la custodia de Yañez en el exterior se intensificó recientemente, luego de que se filtraran imágenes de la ex primera dama cenando en un restaurante de lujo en Madrid para celebrar el Año Nuevo, acompañada por custodios personales. En las fotos, Yañez aparece junto a un hombre que aparentemente sería su nueva pareja, lo que generó un creciente malestar por los costos que implica su protección.

Además, en las últimas horas, La Libertad Avanza presentó un proyecto para eliminar la custodia para ex mandatarios en el exterior, lo cual, en el caso de Yañez, representaría un gasto mensual de 36.000 dólares para el Estado argentino. La iniciativa, impulsada por la diputada Marcela Pagano, busca modificar el Decreto 735/2023, firmado por Fernández días antes de dejar la Casa Rosada, y limitar la custodia a la que acceden los ex presidentes y sus familiares una vez finalizado su mandato.

Argentina presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional por la “detención arbitraria y desaparición forzada de Nahuel Gallo“.

“La República Argentina informa que ha presentado una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) por la detención arbitraria y desaparición forzada del ciudadano argentino Nahuel Gallo, ocurrida el 8 de diciembre de 2024 en la República Bolivariana de Venezuela, señalando al fiscal general Tarek William Saab en el marco de este caso”, señala el comunicado difundido por Cancillería.

“El Gobierno argentino continuará utilizando todos los recursos legales y diplomáticos para garantizar los derechos del ciudadano Nahuel Gallo, proteger los derechos humanos y exigir justicia internacional”, sigue la comunicación.

El secuestro del gendarme argentino, acusado de “terrorista” y “espía” por parte del Gobierno venezolano, se convirtió en un asunto de Estado en el país.